Cárcel para cuatro personas, entre ellas un exjuez y un exinspector de la Policía, quienes habrían recibido dinero para favorecer tutelas

Un juez con función de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro personas, entre ellas un exjuez, dos empleados judiciales y un exinspector de Policía, por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, falsedad ideológica y material en documento público.

De acuerdo con el ente acusador, los procesados habrían conformado una red delincuencial para elaborar, direccionar y fallar favorablemente acciones de tutela, a cambio de dinero.

En ese sentido, los presuntos implicados son el exjuez Primero Civil del Circuito de Bello (Antioquia), Jairo de Jesús Giraldo Naranjo; el oficial mayor de ese despacho, Víctor Hugo Arbeláez Gómez; el empleado de servicios judiciales, Luis Bernardo Navales Rodríguez, y Juan Sebastián Montoya Cardona, quien se desempeñaba como inspector de Policía.

La Fiscalía detalló que en uno de los casos, los servidores públicos, al parecer, recibieron dos millones de pesos de una empresa de publicidad que fue beneficiada con un fallo para que no le fueran desmontadas algunas vallas que estaban en lugares prohibidos.

Durante las audiencias concertadas, los cuatro procesados no se allanaron a los cargos imputados. En atención a ello, el togado resolvió enviarlos a la cárcel mientras se surten las investigaciones correspondientes.

No obstante, los defensores de Víctor Hugo Arbeláez Gómez y Luis Bernardo Navales Rodríguez apelaron la medida de aseguramiento intramuros.

Cayó peligrosa banda criminal

La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana lograron la captura de una red delincuencial acusada de apoderarse ilegalmente de gasolina, ACPM, Gas Licuado del Petróleo (GPL), y comercializarlos a gran escala en distintos puntos del país.

Según indicó la Fiscalía, fueron capturados nueve posibles integrantes de esta organización, quienes serían los encargados de estas diligencias realizadas de manera simultánea en Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare), y en Duitama y Sogamoso (Boyacá). Además, durante los procedimientos, se incautaron 3.638 galones de ACPM, dos automotores y marihuana.

Cada una de las personas que conformaban esta red ilegal cumplirían roles específicos e intervendrían en diferentes eslabones de la cadena. Para llevar a cabo estas actividades, al parecer, usaban como fachada parqueaderos, montallantas y lugares de hospedaje en Casanare, donde ejecutaban maniobras de extracción del hidrocarburo que, posteriormente, era transportado por vehículos cisterna autorizados por las compañías petroleras para mover crudo y derivados.

Otros de los integrantes, presuntamente, se dedicaban a sustraer el GPL de los carrotanques acreditados para movilizar este combustible y lo trasladaban a carros de menor capacidad para distribuirlo, de acuerdo con la información brindada por la Fiscalía.

Por medio de estas dos modalidades, la organización criminal habría comercializado los hidrocarburos obtenidos ilícitamente y los enviaba a departamentos de la Costa Atlántica, del oriente y centro del país. Para este propósito tendría a su disposición a un grupo de conductores de carga encargado de hacer las entregas.

“Durante los últimos nueve meses se realizaron 11 incautaciones distintas a esta estructura. En una de las diligencias, uno de los transportadores ofreció 12 millones de pesos a las unidades de tránsito para intentar evitar su detención”, añadió el organismo judicial.

En la lista de capturados figuran:

• Jennifer Andrea Cabal Navas, alias de Amparo, quien sería la encargada de la logística y la contratación de los conductores de los vehículos cisterna.
• Rubiela Jiménez Triana, acusada de acordar el cruce ilícito de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en horas de la noche, en un montallantas que administraba en Monterrey (Casanare).
• Rafael Antonio Vargas Martínez, conocido como El Papas o Papapicha, encargado de un parqueadero y montallantas en Aguazul (Casanare), donde se habrían realizado maniobras de apoderamiento de combustibles.
• Orfa Cecilia Naranjo Cano y su esposo Édgar Jesús García Rodríguez, presuntos responsables de contratar personal para el descargue y almacenamiento de los hidrocarburos, y concretar la comercialización.
• Fernando Bernabé León Moreno, alias Yampier; John Albert Trujillo, Argemiro Díaz Prieto y Luis Eduardo Manrique Mendivielso, conductores.