Home

Medellín

Artículo

Excombatiente asesinado en el municipio de Campamento, Antioquia, Robin Muñoz.
Excombatiente asesinado en el municipio de Campamento, Antioquia, Robin Muñoz. | Foto: Cortesía: Partido Comunes.

Antioquia

Firmante de la paz fue asesinado en Campamento, Antioquia

Indepaz advirtió que, en lo que va corrido de este año, al menos 26 reincorporados han sido víctimas de homicidio.

18 de julio de 2022

El Partido Comunes denunció que un hombre que estaba en proceso de reincorporación murió violentamente en el municipio de Campamiento, ubicado en el norte de Antioquia donde hay altos índices de violencia por la presencia de los grupos armados organizados y su disputa por el control de las rentas criminales.

La víctima fue identificada como Robin Muñoz Taborda, él integró el frente 36 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y formaba parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación La Plancha de Anorí.

De acuerdo con el reporte del partido político que recoge a buena parte de las personas que se sometieron al Acuerdo de Paz en 2016, el excombatiente fue asesinado, con arma de fuego, en la tarde de este domingo en la vereda Las Tijeras de esta población del norte del departamento.

“Continúa el exterminio contra los firmantes de paz. Lamentamos informar que fue asesinado Robin Muñoz. Apareció muerto producto de impactos de bala. No sabemos quiénes son los autores”, afirmó el representante a la Cámara por Antioquia, Omar Restrepo.

Ahora bien, las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones para esclarecer el asesinato del reincorporado con el fin de lograr la detención de los autores materiales e intelectuales.

Campamento está cobijado con una alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo en 2021, junto a las poblaciones de San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal por la presencia de organizaciones delincuenciales.

El Clan de Golfo y las disidencias de las Farc ven en el territorio una zona favorable para la explotación de los recursos naturales con el fin de patrocinar sus acciones terroristas. Mientras que los grupos locales ilegales se encargan de producir y comercializar estupefacientes.

A raíz de la situación, el congresista Omar Restrepo aseguró que el nuevo gobierno, encabezado por Gustavo Petro, deberá tener como prioridad la protección de la vida de los hombres y mujeres que retornaron a la sociedad en el marco del proceso de paz.

Según las estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, este año se han cometido 26 homicidios contra los firmantes en todo el país. Desde que se logró el Acuerdo, el número de víctimas mortales es de 325.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación designó un grupo especializado para investigar el homicidio de Juan David Ochoa Rueda, defensor del medio ambiente y promotor del Pacto Histórico en el oriente de Antioquia.

El hecho fue rechazado por el presidente electo, Gustavo Petro, luego de que la comunidad del municipio de Granada denunciara su muerte violenta en una vereda del corregimiento de Santa Ana.

Al parecer, el asesinato se habría dado en medio de un ataque armado en la madrugada de este lunes, cuando él se dirigía a su casa junto a su compañera sentimental, quien habría quedado lesionada.

La víctima era resaltada en la subregión como un fiel defensor del agua y alzó su voz de rechazo en contra de las actividades extractivistas que los privados adelantan en los municipios del oriente.

“Él era un reconocido líder juvenil y comunitario de su territorio, que en los últimos meses hizo parte activa de la campaña del Pacto Histórico. Rechazamos su homicidio, como rechazamos la oleada de violencia que, ante la mirada cómplice de las autoridades, azota nuestro territorio”, advirtió la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia.

Supuestamente, Juan David Ochoa Rueda había denunciado amenazas, por lo que integraba la lista de las personas y organizaciones que estaban en riesgo en esa subregión de Antioquia por defender el territorio, tal como se lo hicieron saber a la Defensoría del Pueblo en abril de 2020.