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JEP entrega los restos de víctima del conflicto desaparecida hace 40 años en Medellín

Este caso corresponde al cuerpo más antiguo que hasta la fecha ha sido identificado en Dabeiba, municipio del occidente de Antioquia.


Los familiares de Germán Darío Flórez Jiménez lo vieron por última vez el 14 de mayo de 1982 cuando cruzó la puerta de su casa para ir en busca de mejores oportunidades laborales. 40 años después, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó en una caja los restos del hombre que apareció sepultado en una fosa común de Dabeiba, municipio del occidente antioqueño.

El cadáver fue localizado a finales de 2020 en la fosa 20 del Cementerio Las Mercedes, zona protegida desde 2019 por la Jurisdicción dado que el camposanto habría sido utilizado para enterrar masivamente a las víctimas de desaparición forzada.

Justamente, un exsoldado perteneciente al entonces Batallón de Contraguerrilla 79 confesó la coordenada de interés forense en el marco de los aportes a la verdad que han entregado miembros de la Fuerza Pública dentro del caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Germán Darío Flórez Jiménez falleció producto de “traumas penetrantes por proyectil de arma de fuego en la región toracoabdominal y en las extremidades”. Así las cosas, se diagnosticó finalmente la muerte violenta por homicidio.

La Jurisdicción Especial para la Paz reconoció que las pruebas documentadas “no coinciden con los rituales propios de un cortejo fúnebre regular”. Lo que demuestra que la práctica de desaparición forzada en el cementerio Las Mercedes habría iniciado desde 1982 porque “se trata de hechos que guardan relación con el conflicto armado”.

En este caso corresponde al cuerpo más antiguo que hasta la fecha ha sido identificado en este municipio del occidente de Antioquia.

Finalmente, la JEP reconoció la labor que desarrollaron las partes involucradas en el proceso de investigación que hoy tiene bajo calma a la familia de Flórez: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Medicina Legal y la Alcaldía de Medellín.

JEP cerró incidente de desacato a director de la Dijín por presencia de policías en audiencias de Otoniel

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró el incidente de desacato al director de la Dijín de la Policía, general Fernando Murillo, tras la polémica por la presencia de agentes fuertemente armados dentro de la sala en la que se escuchaba la declaración de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.

La decisión se tomó tras evaluar las pruebas y escuchar los argumentos del oficial el pasado 1 de abril. Para la JEP, la posición de la Dijín es válida y cuenta con una justificación, hecho por el cual dio por terminado el incidente que abrió el pasado 24 de marzo.

Ante la Sala de Ausencia de Reconocimiento de la JEP el general Murillo justificó la presencia de agentes de la Institución dentro de la sala de audiencias pese a los llamados de atención de los magistrados que presidían la audiencia. El oficial aseguró que existía un motivo de seguridad nacional, hecho por el cual se tomaron las medidas para evitar la fuga del exjefe del Clan del Golfo o un posible atentado en contra de la integridad de los ahí presentes.

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El general Murillo Orrego aseguró que los protocolos exigen aumentar las medidas de protección, hecho por el cual los agentes de policía estaban siempre fuertemente armados, esposar a Otoniel de pies y manos y dejarlo así durante todas las diligencias y que un agente siempre esté junto a él, para que no pierda de vista sus movimientos.

Por la presencia de los agentes de la Policía en dos oportunidades se tuvo que suspender la declaración de Otoniel. La primera interrupción se presentó el 10 de marzo, cuando Otoniel iba a declarar en el subcaso que hace referencia a los falsos positivos que se registraron entre 2008-2010 en el departamento del Casanare. En esa oportunidad, el narcotraficante fue trasladado, esposado de pies y manos, por cuatro agentes de la policía que estaban fuertemente armados.

Pese a las constantes peticiones de la magistrada que presidía la sesión para que los cuatro agentes se retiraran de la sala, los mismos indicaron que no podían hacer eso puesto que existían motivos de seguridad nacional. Esto llevó a cancelar la audiencia al considerar que no existían las garantías procesales.

Debido a esto, el pasado 12 de marzo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP emitió medidas cautelares para ordenarle a la Policía Nacional garantizar la reserva y privacidad del interrogatorio de Otoniel. Igualmente, se le hizo un llamado de atención al director de la Dijín.