El decreto con el que el presidente Gustavo Petro oficializó el nuevo salario mínimo para los trabajadores del país despertó reparos de varios sectores que, desde un punto de vista técnico, alegan que el contenido de ese documento estaría en contra de la normativa nacional.
De ahí que han surgido repetidos reclamos contra el decreto que fue suscrito días antes de que terminara el 2025, entregándole a los trabajadores un salario mínimo mensual que alcanza los 2 millones de pesos para 2026 y que representó un incremento del 23% entre ambos años.
Uno de esos procesos es la demanda de nulidad presentada por el abogado Germán Castro Marín, litigio que fue aceptado por el Consejo de Estado para estudio y sobre la que el jurista alegó que esta fue resultado de un proceso técnico.
“La acción de nulidad radicada no obedeció a intereses políticos ni personales, ni buscó jamás afectar el bienestar de los trabajadores colombianos. Fue el resultado de un estudio juicioso, técnico y riguroso de la Ley 278 de 1996 y de la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado. Mi actuación se enmarcó estrictamente en el deber ser del abogado”, escribió Castro en un comunicado.
El protagonista de esta historia enfatizó que la misión del abogado es proteger la Constitución, el respeto por la ley y la defensa de la institucionalidad económica del país cuando se presenten actos administrativos que podrían tener vicios de forma y motivación desde el punto de vista técnico.
No obstante, Castro retiró la acción de nulidad porque, asegura, fue víctima de una “incomprensible ola de intolerancia” que se manifestó a través de mensajes de odio y amenazas que estarían poniendo en riesgo su integridad y la de su familia.
“Ninguna controversia jurídica, por importante que sea para la nación, vale más que la seguridad y la paz de mi hogar. Por esta razón, y anteponiendo el bienestar de mi familia sobre cualquier consideración profesional, he tomado la difícil decisión de apartarme del proceso y retirar la demanda de nulidad instaurada ante el Consejo de Estado”, enfatizó.
Castro enfatizó que los señalamientos a los abogados que deciden ejercer la ley son un ataque a la democracia.
