Al Gobierno le ‘trasquilaron’ su Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso y le frenaron facultades extraordinarias al presidente Petro

El presidente Gustavo Petro logró que el Congreso le aprobara la carta de navegación de su gobierno en los próximos cuatro años, un Plan Nacional de Desarrollo controvertido, con artículos incluidos bajo la mesa, con más de un mico atajado por la oposición y con la amenaza latente de ser demandado ante la Corte Constitucional por vicios de trámite.

El Congreso incluyó varias de las propuestas de campaña del líder del Pacto Histórico, pero fue ampliamente derrotado, entre otras razones, porque las mayorías, incluidos congresistas de la coalición de Gobierno, se impusieron y las hundieron en medio de candentes debates.

Con este proyecto, que se estima costaría 1.080 billones de pesos, pero cuya cifra no es clara para algunos congresistas, el Legislativo demostró que así como respalda al Gobierno, a la hora de votar se divide y se impone una mayoría con independencia. Por ejemplo: de diez facultades extraordinarias que pedía Petro, le aprobaron cinco.

Una de ellas, la facultad para la creación de Caminos Vecinales, un programa antiguo que la Casa de Nariño revivirá para atender las vías terciarias del país. Aunque los contradictores de Petro estimaron que podría tratarse de más burocracia, el Gobierno impuso su criterio. Petro también tendrá poder en los próximos seis meses para crear la Agencia Nacional de Ciencia e Innovación y para que adquiera gratuita u onerosamente el Hospital San Juan de Dios en Bogotá, un anhelo del presidente desde que era alcalde de Bogotá y que lo llevó a enfrentarse con Enrique Peñalosa.

De igual manera, la facultad para que acabe Familias en Acción y Jóvenes en Acción e incluya esos dos programas sociales en una nueva gran transferencia monetaria que se llama Renta Ciudadana.

Otro de los poderes que inquieta a la oposición es la facultad para que las asociaciones público-populares contraten directamente. “Se les da una facultad para contratar directamente, un boquete a la Ley 80 y un posible foco de corrupción”, explicó el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez. De momento, no está claro con quiénes y cómo funcionarán las economías populares. La representante Carolina Arbeláez alertó que sería una contratación a dedo de 1,3 billones de pesos.

El Gobierno podrá crear el Grupo Bicentenario para que entidades del sector financiero que tengan participación mayoritaria del Estado se conviertan en un holding financiero. Esta propuesta venía desde el Gobierno de Iván Duque.

En la lista también está la conformación de dos fondos para contratar bajo el régimen privado: el Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida, del Ministerio de Hacienda, y el Fondo para la Equidad, que financiará los programas de la vicepresidenta Francia Márquez.

De todo el Plan Nacional de Desarrollo, a la oposición le preocupan varios artículos que alcanzaron a ser aprobados. Entre ellos, el que sube los impuestos del 1 al 6 por ciento para los proyectos de energía eólica y solar, porque supone un golpe a la transición energética. El artículo fue eliminado en el Senado, pero lo revivió sorpresivamente la Cámara y en la conciliación se aprobó.

El que más tendrá la lupa del país es el que permite a la Agencia Nacional de Tierras comprar o enajenar predios productivos de forma rápida, aplicando la expropiación exprés. De hecho, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, anunció que lo demandará. “Si los propietarios no venden, el Igac aumentará el impuesto predial para obligarlos a vender. ¿Y lo que firmaron en notaría Gustavo Petro y Francia Márquez? Les mintieron a sus electores, otra vez”, opinó la congresista Marelen Castillo. Del tema hay muchas preguntas por resolver.

Lo mismo que la actualización masiva del predial que propone el Gobierno. Gran parte de los congresistas entienden que hay rezagos en la información del país, pero se teme que se hagan estudios mal hechos y se dispare el impuesto predial de los colombianos en medio del aumento de la inflación y el apretón al que están enfrentados los ciudadanos. Se adelantará a través de un catastro multipropósito, pero ponerlo en marcha resulta costoso.

La representante Katherine Miranda alertó de un mico, al facultar al Gobierno para hacer acuerdos con los indígenas, que, entre otras cosas, incluiría la financiación de la guardia indígena. Petro también perdió. No se aprobó el poder para crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital porque la mayoría del Congreso le temía a un DAS 2.0. Lo mismo que el superpoder que pedía Petro para definir las condiciones y el marco legal de reclusión de los pueblos indígenas. La presión de la guardia indígena a las afueras del Congreso esta semana, armados con bastones y machetes, motivó el hundimiento.

El jefe de Estado tampoco logró autorización para convertir a las electrificadoras del país en un fondo empresarial y de paso, en algunos casos, venderlas. La oposición también tumbó la idea de que Ecopetrol tuviera facultades sobre gas natural, entre ellos, la “importación”, lo que generaba un riesgo sobre la idea de traer gas desde Venezuela, uno de los propósitos de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. El artículo cambiaba estructuralmente la industria del gas en Colombia duplicando tarifas.

El Congreso se opuso a la propuesta de incluir una sobretasa al predial para financiar sistemas de transporte masivo. Al senador del Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón le pareció un despropósito porque el costo de vida de los colombianos va en aumento y además, desde 2023, empezarán a pagar la reforma tributaria.

El metro elevado de Bogotá también se salvó. El Congreso se le atravesó al presidente en su intento de destinar recursos exclusivamente para financiar el metro subterráneo, uno de sus principales caprichos.

En el artículo inicial se leía que “para proyectos férreos en sistemas de transporte público masivo de pasajeros, la nación podrá cofinanciar dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo un monto superior al 70 por ciento de los costos asociados a soterrar los proyectos en los que la evaluación costo-beneficio establezca como la mejor alternativa (...)”. En el nuevo texto quedó hasta el “70 por ciento”, pero no significa que Petro sepulte su intención. La implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad a entidades del Gobierno nacional tampoco prosperó.

Aunque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se salió de casillas y le pidió al Senado que aprobara el artículo, su voz no tuvo eco. Lo negaron. La Cámara lo resucitó, pero en la conciliación volvió a morir. Pretendía, entre otras cosas, cambiar el modelo de elección del fiscal, que la Policía saliera del Ministerio de Defensa y que los narcos que entregaran su verdad en Colombia no fueran extraditados. El padre Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, fue el gran derrotado porque ni siquiera Humberto de la Calle, el exjefe negociador de paz, lo respaldó.

Más allá de los artículos aprobados, la conciliación a medianoche estuvo marcada por una polémica que podría poner a tambalear todo el proyecto. La oposición denunció que al momento de llevar a cabo la votación, el documento aún no había sido publicado en la Gaceta Oficial del Congreso, que según la Corte Constitucional es uno de los requisitos para iniciar el debate.

La mesa directiva, en el caso de la Cámara, argumentó que el documento se subió a la página de la corporación y que allí podía ser consultado. “El proceso ha sido acertado. Se puede anunciar el proyecto una vez recibido y subido a la página web, que es lo que se hizo en el micrositio”, afirmó David Racero. “Para anunciar no se necesita publicación en la Gaceta”, agregó.

De todas maneras, SEMANA conoció que varios congresistas harán sus reclamos y habría una cascada de demandas en contra del trámite del proyecto que podría, eventualmente, terminar con su hundimiento.