En la Casa de Nariño se diseña el plan para atacar la corrupción en Colombia y Abelardo De La Espriella ya tomó la primera decisión: la magistrada Cristina Lombana, próxima a dejar su cargo en la Corte Suprema de Justicia, liderará un bloque de búsqueda para poner en evidencia hechos irregulares en la administración pública.
Lombana dispondrá de un presupuesto para crear un grupo y articular el trabajo con diferentes entidades para perseguir a las personas que estén involucradas en manejos irregulares de las finanzas del Estado. Se espera que las acciones no se dirijan únicamente contra la administración de Gustavo Petro, sino que también abarquen otros períodos.
El objetivo es que el bloque de búsqueda pueda usar inteligencia, análisis financiero y policía judicial para identificar y rastrear las conductas ilegales. De igual manera, promoverá acciones ante la justicia para que se materialicen procesos de extinción de dominio y se mantenga la persecución de los flujos financieros ilícitos.
Este cuerpo élite dependerá directamente del despacho presidencial y la responsable será la magistrada Cristina Lombana desde el próximo 8 de octubre. Se anticipó que articulará esfuerzos con la UIAF y la Dian, y que contará con esquemas de cooperación internacional y con el respaldo operativo de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
En una declaración pública, De La Espriella manifestó: “Su objetivo prioritario será la identificación integral de las estructuras corruptas, el rastreo estratégico de los fondos comprometidos y el aporte de pruebas contundentes a los organismos judiciales para acelerar la judicialización de los responsables”.
La estrategia anticorrupción del nuevo Gobierno no se agota en el bloque de búsqueda; también se plantea un nuevo estatuto de contratación para actualizar la Ley 80, de modo que “pueda afrontar el uso de la IA, tenga un capítulo de compras para la innovación e introduzca criterios de sostenibilidad ambiental y social”.
De igual manera, se plantea un recorte del gasto cercano al 40 % y la creación de un Estado austero: “En Colombia tenemos más de 700.000 puestos que sobran, y todos esos espacios abren la puerta a las lógicas de la corrupción, el tráfico de influencias, los ‘dedazos’ y el desangre de la institucionalidad”, comentó en su momento De La Espriella.
El Gobierno busca convertir la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su administración con medidas que van desde la persecución de los responsables de desfalcos al erario hasta la reforma de la contratación pública y la reducción del gasto estatal. En el Congreso ya cuenta con aliados para tramitar los cambios en las normas.