Gobierno de Gustavo Petro les pone freno de mano a los recursos para la Rama Judicial

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, sin previo aviso, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenó un freno a los recursos de las entidades que dependen del Presupuesto General de la Nación, entre ellas los órganos de control, que son autónomos e independientes.

SEMANA conoció que el Ministerio de Hacienda ordenó frenar la ejecución de recursos tanto para funcionamiento como inversión.

Las entidades afectadas son la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, a la Fiscalía General de la Nación únicamente le frenaron los recursos del presupuesto general para funcionamiento.

Así las cosas, a partir de este momento las entidades no podrán expedir ningún Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para garantizar su normal funcionamiento.

Explicado de otra forma, las entidades únicamente podrán contratar con los CDP que tenían expedidos hasta el momento, pero si requieren expedir un nuevo CDP para realizar una nueva contratación, no va a ser posible.

La preocupación es alta toda vez que para contratar un nuevo servicio o personal es necesario la expedición de un CDP y en la mayoría de las entidades, los únicos certificados que se expiden desde un principio para toda la vigencia son especialmente para el servicio de vigilancia, de aseo, insumos y demás, mientras que los demás certificados se van expidiendo paulatinamente cada vez que se requieran.

De esta manera, si por ejemplo en los próximos días cualquier órgano de control, por sus funciones, requiere contratar un laboratorio de criminalística para examinar un celular para adelantar una investigación, no va a ser posible realizar esa nueva contratación.

Según conoció SEMANA, el argumento que adujo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para tomar esta drástica decisión es el bajo nivel en el recaudo por parte del Gobierno y la Dian.

“Pero esto no tiene por qué afectar la planificación presupuestal y la subsistencia de las entidades que solo reciben recursos para su normal operación”, dijo una fuente.

SEMANA consultó directamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el por qué de esta decisión y cómo se va a garantizar entonces el funcionamiento de las entidades de la Rama Judicial, pero no contestó a los interrogantes.

Sin embargo, altas fuentes de los órganos de control le confirmaron a este medio que la decisión del Ministerio de Hacienda efectivamente fue notificada en las últimas horas y su cumplimiento es de carácter inmediato.

En abril de este año, el recaudo tributario por parte de la Dian registró un desplome del 40,89 %, pues el cuarto mes alcanzó los 18,65 billones de pesos, mientras que en el mismo mes del año anterior fue de 31,56 billones de pesos.

El dato sería el peor declive que se ha visto durante este siglo en el país, pues en el primer cuatrimestre de 2024, los ingresos tributarios del país totalizaron 85,8 billones de pesos, lo que significaría que está muy por debajo de la meta, que son 106,9 billones. El déficit sería de unos 21,4 billones.

Un estudio del Banco de Bogotá y su grupo de investigaciones económicas demostró que el recaudo para este año podría empeorar. Aunque se espera que el margen faltante en el recaudo sea de 26 billones de pesos, los datos indican que el recaudo faltante podría ser de hasta 62 billones de pesos.