SEMANA reveló el pasado 3 de marzo una denuncia contra el exsecretario de Agricultura del Quindío, Bryant Steven Naranjo Raigoza, por lo que desde la misma Gobernación del departamento pidieron que se investiguen estos hechos a fondo, pues supuestamente se habrían utilizado recursos públicos de los quindianos para beneficio propio.
“Dada la trascendencia de estos hechos y la necesidad de verificar la fuente de la información, los mismos deberán ser investigados, verificados y esclarecidos por las autoridades competentes, dentro de las garantías del debido proceso y demás disposiciones legales propias de actuaciones de esta índole”, informaron desde la Gobernación a través de un comunicado.
Sin embargo, este sábado 7 de marzo se conoció una carta de Naranjo Raigoza en la que habla de todo el escándalo y asegura que “confió en promesas que nunca se cumplieron”.
El escrito es un “comunicado abierto a la opinión pública” en el que Naranjo Raigoza asume la responsabilidad de todo lo que ha pasado en los últimos días y asegura “decir toda la verdad a todos los quindianos” frente a la denuncia que se ha conocido.
“Lo primero es pedir disculpas. Entiendo la indignación, el dolor y la preocupación que esta situación ha generado, y asumo la responsabilidad que me corresponde como servidor público. Pero también debo expresar el profundo dolor que me causa ver cómo actores políticos del departamento hoy se lavan las manos, a pesar de que tenían pleno conocimiento de cada una de mis actuaciones como funcionario y actor político del Quindío”, aseguró.
Según se ha conocido, Naranjo habría empeñado una de las camionetas oficiales que estaban a su disposición para beneficio propio. El director de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, cuestionó este hecho.
Por esa razón, el exsecretario de Agricultura del Quindío habló sobre ese hecho y explicó lo que había pasado.
“Lo que se cuestiona sobre el empeño de vehículos públicos y la realización de negocios inmobiliarios fraudulentos ocurrió en un contexto de fuerte presión política y financiera. Durante la campaña a la Gobernación de Juan Miguel Galvis, quien conocía perfectamente mis actuaciones, y por la cual asumí compromisos que superaban mis capacidades económicas, confiando en promesas concretas de contratos de obra en Proyecta y contratos de cámaras en la Secretaría del Interior por valor de 25.000 millones de pesos, contratos que no me fueron otorgados y sí a terceros. Para entonces ya había contraído deudas cuantiosas que me dejaron en una situación económica al límite”, dijo el exfuncionario.
La declaración de Naranjo Raigoza significa que asume toda la responsabilidad en el escándalo, pero asegura que algunas decisiones se tomaron dentro del entorno político y administrativo de la Gobernación del Quindío.
El documento también menciona que posteriormente fue invitado a renunciar a su cargo en la Secretaría de Agricultura para asumir la coordinación política de la campaña a la Cámara de Representantes de Jesús Bedoya, candidato cercano al Centro Democrático, lo que evidencia, según su relato, la mezcla entre decisiones administrativas y estrategia electoral dentro del departamento.
Sobre el empeño de una camioneta adscrita a la Secretaría del Interior, el exfuncionario asegura que la decisión se tomó para cubrir obligaciones económicas y financiar reuniones políticas relacionadas con la campaña a la Cámara. En el mismo documento afirma que parte de los recursos se habrían destinado a actividades de campaña y a entregas de dinero dentro de la estructura administrativa, incluso a funcionarios de la Gobernación, para evitar reportes sobre el estado de los vehículos oficiales.
En la carta sostiene que varias personas dentro del gobierno departamental conocían lo que estaba pasando y que hoy se intenta concentrar la responsabilidad únicamente en él, mientras otros actores políticos “se lavan las manos”.
Naranjo Raigoza afirma que está dispuesto a colaborar con las investigaciones de las autoridades y a revelar detalles de lo ocurrido, al tiempo que asegura haber recibido presiones y amenazas en los últimos días, lo que lo obligó a salir del departamento por seguridad.
Sobre toda esta polémica, la Gobernación del Quindío ha pedido una investigación para dar claridad a la polémica.