Conflicto armado

Defensoría le pide al Gobierno hacer presencia en municipio clave de Sucre por graves casos de desplazamiento

La entidad emitió una alerta temprana y advirtió sobre la baja gobernabilidad de las instituciones en el territorio.

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30 de enero de 2026, 6:51 a. m.
La Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana.
La Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana. Foto: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre los desplazamientos forzados ocurridos en el municipio de El Roble, en Sucre. La entidad aseguró que esa geografía se convirtió en un paso estratégico para las economías ilegales como el tráfico de drogas.

El despacho que dirige la defensora, Iris Marín, asegura que ese territorio está en riesgo de que se materialicen graves consecuencias humanitarias por antecedentes como el asesinato de cinco personas en los meses resientes, una de las víctimas fue una mujer lideresa campesina.

El resurgimiento de los casos de violencia ocasionó el desplazamiento de 67 familias en el corregimiento de Tierra Santa. En la zona delinque el Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como el Clan del Golfo.

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“En este contexto, no se descarta la posible incursión de otros grupos armados ilegales interesados en disputar el control territorial, dada la importancia estratégica (geográfica) del municipio en las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas”, consideró la Defensoría.

La entidad advierte que la población vive en un contexto de temor generalizado que afecta a los líderes sociales y hace que se profundice el subregistro de la información porque las personas tienen miedo a denunciar. Quienes residen en El Roble están viviendo en un constate de riesgo de ser víctimas de ese grupo armado.

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“La situación es crítica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), pues están en riesgo de reclutamiento, vinculación, utilización y uso por parte de actores armados. Además, están en riesgo de instrumentalización para actividades asociadas al microtráfico, el cobro de extorsiones y el control social”, consideró la oficina que dirige Marín.

Ese problema se agrava, según la Defensoría, con la “presencia institucional insuficiente” en las zonas rurales que afecta la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública donde hacen presencia los actores armados.

La entidad asegura que El Roble vive en un escenario de baja gobernabilidad y reclamó acciones por parte del Gobierno nacional. “Las recomendaciones demandan una respuesta urgente e integral que incluya medidas de prevención y protección, fortalecimiento de las capacidades de disuasión y judicialización, atención humanitaria para las familias desplazadas y retornadas, y la activación de rutas de protección para liderazgos sociales, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, puntualizó.

La Defensoría pidió presencia del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Gobernación de Sucre y Alcaldía de El Roble: además del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Unidad Nacional de Protección (UNP), Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), Procuraduría Regional de Sucre.