A la Fiscalía General de la Nación llegó una denuncia penal contra los concejales Edison Lucumí, Tania Fernández Sánchez y Ana Erazo Ruiz, exintegrantes de la mesa directiva del Concejo de Cali en la vigencia 2025, por presuntas irregularidades en el proceso de elección de contralor distrital.
La denuncia, que fue presentada el pasado 21 de julio, se centra en principio en la contratación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para prestar únicamente apoyo técnico, jurídico y logístico.
“Pese a la prohibición contractual expresa y al marco legal aplicable, la UPTC —un contratista— tramitó, resolvió y notificó las reclamaciones presentadas por los aspirantes frente a la lista preliminar de admitidos y no admitidos, e incluso anunció la remisión de un proyecto de resolución para la lista definitiva”, se lee en la denuncia, presentada por Fernando Ortiz Alvear.
Agregó: “La resolución de reclamaciones en un concurso de méritos constituye el ejercicio de una función pública decisoria, reservada por la ley a la autoridad convocante (la mesa directiva del concejo), y jamás delegable en un particular sin acto administrativo de delegación y autorización legal”.
Además, aseguró que, pese a las advertencias de la Procuraduría, se dio continuidad al proceso.
También menciona que, en el oficio del 27 de octubre de 2025, el Ministerio Público identificó varias anomalías, entre ellas la falta de un acto administrativo que delegara funciones en la universidad, la omisión de la publicación previa del proyecto de convocatoria y la exigencia de requisitos no previstos.
Según la denuncia, el organismo de control pidió “abstenerse de realizar la elección hasta subsanar” y expedir un acto propio que resolviera las reclamaciones, dejando sin efectos lo actuado por la UPTC.
La mesa directiva suspendió el proceso el 5 de noviembre para atender las observaciones. Sin embargo, trece días después levantó la medida y retomó el concurso.
“Ninguno de los cinco vicios señalados en el Oficio 1360 había sido corregido”, sostiene la denuncia, que asegura que continuaron vigentes las actuaciones de la universidad, los requisitos cuestionados y la falta de publicación del proyecto de convocatoria.
El escrito también señala directamente a Edison Lucumí porque, durante las sesiones plenarias del 19 y 24 de noviembre de 2025, varios concejales presentaron proposiciones para sanear o revocar la convocatoria.
“El presidente del Concejo, Edison Lucumí Lucumí, dio la palabra, pero cerró la discusión sin someter las proposiciones a votación”, afirma el denunciante, quien considera que con esa actuación impidió que la plenaria decidiera sobre la corrección del proceso.
La Fiscalía investiga posibles irregularidades en la elección del contralor.