La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, impulsará una ley que castigue severamente a los deudores alimentarios morosos.
La propuesta va dirigida a las personas que fueron llamadas por las autoridades a realizar aportes para el sostenimiento de quienes están a su cargo (hijos, padres o cónyuges), impidiendo que estas puedan ingresar a eventos masivos si tienen pendientes con sus familiares.
La norma obliga a los organizadores de eventos a consultar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) para cruzar los reportes de esa plataforma con sus sistemas de venta de boletas, con el fin de que aquellos que aparecen en el registro no puedan adquirir entradas para ingresar a conciertos o eventos deportivos.
La congresista asegura que esa iniciativa está encaminada a generar un cambio de conducta en los deudores morosos para que estos cumplan con sus obligaciones. Además, señala que es un mecanismo que permitiría reforzar el mensaje de que los derechos de los niños y adolescentes deben prevalecer, sentando un precedente sobre la responsabilidad parental.
“No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, consideró Pedraza.
Las sanciones para los deudores alimentarios morosos no terminarían con la restricción al ingreso a conciertos y eventos deportivos, pues también se aplicarían medidas que restrinjan su acceso a cargos públicos y mecanismos de reporte financiero al historial crediticio.
“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos”, puntualizó la congresista.
En la Fiscalía General de la Nación se tienen documentadas cerca de 130.997 denuncias por el presunto delito de inasistencia alimentaria. La representante enfatizó que los pendientes de los deudores alimentarios morosos llevan a que se acentúen los ciclos de pobreza.
“El hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder libremente a beneficios estatales, ejercer cargos públicos de responsabilidad, celebrar contratos con el Estado o destinar recursos a actividades recreativas y de entretenimiento masivo, mientras incumplen con sus hijos, resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política”, enfatizó la congresista en un comunicado.
