POLÍTICA
Duro informe de Human Rights Watch advierte que grupos criminales ampliaron su presencia en el país durante el Gobierno Petro
Según el documento, dos años y medio después de la llegada del mandatario, la estrategia de paz total “ha logrado resultados limitados” para frenar las acciones de los grupos armados contra la población civil.

Un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) deja mal parado al gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de orden público. Una de las conclusiones a las que llegó el organismo internacional es que los grupos armados han aumentado su presencia en el territorio, lo que ha terminado por afectar a la población civil.
“El acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Gobierno puso fin a un conflicto de cinco décadas y trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia adoptó nuevas formas y los grupos armados han ampliado nuevamente su presencia en zonas del país. Dos años y medio después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, su estrategia de paz total ha logrado resultados limitados para frenar los abusos de grupos armados contra la población civil”, es una de las conclusiones.
Asimismo, se habla de los abusos que han cometido los grupos armados, que han estado impulsados por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, entre los que se incluye al ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

“Muchos de estos grupos tienen vínculos fluidos y complejos entre sí y algunos son parte de conflictos armados no internacionales”, señala el informe.
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Una de las máximas alertas es que estos grupos siguen cometiendo graves abusos contra la población civil, mientras expanden su presencia en el territorio. Cuestiona que la Fuerza Pública y las autoridades judiciales “no han protegido de forma efectiva a la población” y “no han garantizado un acceso suficiente a la justicia”, así como tampoco “han logrado avances significativos en el desmantelamiento de los grupos armados”, señala el organismo internacional.
Por ejemplo, menciona que para junio, el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232, y las disidencias de las Farc, en 299, lo que representa un aumento aproximado del 55 %, el 23 % y el 30 %, respectivamente, en comparación con 2022, cuando comenzó el Gobierno Petro.
Asimismo, destacan un informe de la Defensoría del Pueblo en el que se habla de 159 casos de reclutamiento de niños en el primer semestre de 2024, mientras que el año anterior se registraron 184. Y que muchos de esos menores de edad pertenecen a comunidades indígenas.

Otra de las problemáticas que registró el organismo internacional es el confinamiento. Se cuentan 71.000 personas, entre enero y julio, que no pudieron salir de su territorio, lo que refleja un incremento del 39 % de esta problemática con respecto a 2023.
Entre las razones para que las personas prefieran quedarse confinadas está el temor de las minas antipersona, amenazas de los grupos armados o que puedan ser alcanzados por el fuego cruzado.
Los departamentos del sur y suroccidente del país, como Chocó, Cauca y Nariño, son de los casos más críticos en donde se registran enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y los grupos armados, lo que desplazó entre enero y julio a más de 34.000 personas, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha).
Uno de los puntos reveladores del informe es que, hasta agosto, solo el 16 % de las más de 9,7 millones de víctimas registradas del conflicto armado habían sido reparadas.
Otra de las fuertes críticas del organismo que implica directamente al mandatario es la libertad de expresión. Dicen que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas y que se ha registrado el asesinato de, por lo menos, cinco comunicadores entre enero y julio del año pasado.
“El presidente continuó utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos del Gobierno. En septiembre, emitió una directiva presidencial dirigida a todos los funcionarios del poder ejecutivo para que garantizaran un entorno seguro para la libertad de expresión y los periodistas, evitando, entre otras, declaraciones estigmatizantes. Sin embargo, el presidente no cumplió con estas directrices durante el propio acto de presentación de la directiva presidencial”, dice el informe.

Sobre el Acuerdo de Paz de La Habana con las Farc, HRW dice que a pesar de que Petro ha respaldado ese tratado, sigue enfrentando grandes desafíos de implementación.
Uno de los grandes cuestionamientos es la ejecución de la política de paz total que ha liderado Petro, pero que estaría rezagada. Recuerdan que durante 2024, como parte de esa política, el Gobierno continuó negociando con el ELN, las disidencias de las Farc, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo.
“El Gobierno anunció varios ceses al fuego con estos grupos; sin embargo, los preparativos y la supervisión de estos ceses resultaron insuficientes, y en muchos casos los grupos armados no los respetaron. Además, el Gobierno manifestó su interés en negociar nuevos mecanismos de justicia transicional con estos actores armados”, aseguraron.