El defensor, Carlos Camargo, solicitó ante la CIDH medidas cautelares para proteger la vida de candidatos y servidores públicos amenazados por grupos armados

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha sido uno de los funcionarios que más ha encendido las alarmas frente a los problemas de inseguridad y las amenazas que están sorteando decenas de servidores públicos y candidatos a corporaciones públicas que se medirán en las urnas este 29 de octubre.

El escenario es tan preocupante que Camargo, visiblemente preocupado, le hizo un requerimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no siga corriendo peligro la integridad física de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, personeros y otros funcionarios públicos.

De acuerdo con el reporte de la Defensoría, son 35 servidores públicos y 42 candidatos los que han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados al margen de la ley en Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.

“Le hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales, que serán celebradas en octubre de este año”, manifestó el defensor Carlos Camargo.

“Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, añadió el funcionario.

Camargo se encontró recientemente con quien fuera comisionado y relator para Colombia, Joel Hernández García. Hablaron de la importancia que tiene el sistema de alertas tempranas de la Defensoría.

En total, según reportó el defensor, hay 26 alcaldes amenazados de muerte y despachando fuera de sus municipios por amenazas de grupos armados.

Entre ellos, el de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).

Un total de tres gobernadores están amenazados hoy, quienes tienen a cargo la administración de los departamentos del Tolima, Guaviare y Meta.

Como si fuera poco, otros 42 candidatos a concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones han sido amenazadas de muerte y, en algunos casos, víctimas de atentados en el legítimo ejercicio de sus campañas.

La crítica situación es registrada en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.

“No en vano, de manera preventiva, emitimos la Alerta Temprana 023 del 2023, para advertir los riesgos que pueden incidir en los comicios. Nuestro propósito es que sea mejorada la respuesta institucional inmediata con base en las recomendaciones que formulamos en la alerta”, aseguró Camargo.

La Defensoría identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, lo cual quiere decir que hay altas probabilidades de ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos.

La petición de Carlos Camargo se da justo cuando el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, atendió varias quejas sobre problemas de seguridad en más de diez departamentos del país y la insistencia del registrador Alexander Vega del posible trasladado de mesas de votación en Cauca como consecuencia de la violencia.