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Entre quienes entrarán bajo la lupa del ente acusador se encuentran Carlos Ríos, como socio; David Bojanini, presidente de la Junta Directiva; y William Shaw, entre otros responsables de la presunta estafa de Ultra Air. | Foto: SEMANA

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Exclusivo: esta es la denuncia penal por estafa agravada, ofrecimiento engañoso y otros delitos contra David Bojanini y William Shaw, de Ultra Air

Tal como lo reveló SEMANA en primicia hace tres días, esta es la acción jurídica emprendida por el Ministerio de Transporte.

25 de abril de 2023

El Ministerio de Transporte radicó una denuncia penal en la Fiscalía contra los representantes legales y miembros de la junta directiva de Ultra Air, entre los que se encuentran David Bojanini y William Shaw.

Ellos deberán responder por los delitos de estafa agravada en modalidad masa, ofrecimiento engañoso de productos y servicios, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial y los demás tipos penales que encuentren tipificación, según el documento conocido en exclusiva por SEMANA.

William Shaw y David Bojanini
William Shaw y David Bojanini. | Foto: SEMANA

La denuncia también se radicó en contra de Óscar Hernán Herrera Restrepo, Abel de Jesús López Campo, Ilva Restrepo Arias, Juan Alberto Londoño Martínez, Juan Carlos Altmann y Claudia Elena Múnera Pineda.

La cuantía de la denuncia penal asciende a 48.211 millones de pesos.

En la denuncia, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señala que la acción jurídica “tiene su origen en el cese de la prestación del servicio aéreo y operacional, que, como es de conocimiento público, realizó la empresa Ultra Air S. A. S., el pasado 29 de marzo de 2023, cuando de manera deliberada, y muy a pesar de estar de por medio la afectación del interés general, decidió poner fin a la prestación de sus servicios, aduciendo que ello se daba en razón de múltiples inconvenientes”.

aerolínea de bajo costo Ultra Air
Situación en el aeropuerto El Dorado tras el cierre de la aerolínea de bajo costo Ultra Air. | Foto: Guillermo Torres Reina /Semana

La denuncia señala que los tiquetes vendidos y que son objeto de la reclamación son 327.551. El documento radicado por el ministro Reyes ante la Fiscalía advierte de actuaciones a título de dolo.

“Se pudo corroborar que la aerolínea tuvo sus canales comerciales habilitados al menos hasta el mediodía del 29 de marzo de 2023, muy a pesar de que eran absolutamente conscientes de su situación financiera, hecho que permite ir evidenciando desde ya el componente subjetivo del tipo penal, esto es, el dolo, respecto del delito de estafa agravada en modalidad masa”, señala la denuncia.

Guillermo Reyes, ministro de transporte, sobre el caso de Ultra Air.
Guillermo Reyes, ministro de Transporte | Foto: Ministerio de Transporte

“Lo anterior permite advertir cómo las personas acá denunciadas en nombre de la sociedad Ultra Air S. A. S., vendieron y ofertaron al público en general los tiquetes y trayectos aéreos teniendo claro que se trataba de un servicio que no podrían cumplir”, agrega la denuncia.

“Los archivos de Excel enviados por la aerolínea Ultra Air S. A. S. permiten concluir –al menos provisionalmente– que la cuantía correspondiente a los servicios de transporte o tiquetes aéreos pagados que no fueron prestados por la aerolínea debido justamente al cierre de sus operaciones, así como otros servicios adicionales, asciende a la suma de 48.211.739.026″, dice el documento.

Sobre la estafa agravada en modalidad masa que habría ocurrido, el Ministerio de Transporte advierte: “No cabe duda de que la empresa Ultra Air S. A. S. tenía claro que dejaría de prestar sus servicios y, aun así, guardó deliberadamente silencio frente a los usuarios, para de manera concomitante, seguir recaudando el dinero como consecuencia de la venta de tiquetes”.

En el caso del ofrecimiento engañoso de productos y servicios, la denuncia anota: “La empresa Ultra Air S. A. S., hasta último momento, mantuvo en error a los pasajeros que confiaron en esa empresa de transporte aéreo y recibió de ellos las sumas de dinero con las cuales pagaron por los servicios que finalmente de manera deliberada se negaron a prestar”.

“Sobre el tipo penal de perturbación en servicio público, colectivo y oficial, se tiene que fue de conocimiento público no solo la forma a través de la cual se impidió que miles de colombianos se trasladaran de un lugar a otro, entendiendo como tal el desplazamiento hacia los destinos comprados de manera previa y en algunos casos con bastante anticipación, sino los graves perjuicios que por esa misma vía fueron causados a miles de personas y distintos sectores del comercio e industria en general”, dice la denuncia.

El documento agrega: “Recuérdese cómo, por ejemplo, el departamento de San Andrés y otras zonas turísticas del país, fueron destinatarias de unas nefastas consecuencias como resultado del cese de las actividades de la aerolínea Ultra Air S. A. S., al punto que, por orden del señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, se habilitaron y se pusieron a disposición de los miles de pasajeros y familias que requerían llegar a sus destinos, unas aeronaves de la aerolínea Satena y otras de la flota de la Fuerza Aérea Colombiana para que se materializara, en la medida de lo posible, su desplazamiento o transporte aéreo a distintos destinos”.