A menos de dos meses de las elecciones al Congreso y de cuatro para las presidenciales, el Instituto Nacional de Vías (Invías) puso en marcha una operación contrarreloj y abrió más de 60 procesos y licitaciones para construir y mejorar carreteras y puentes en todo el país, con una inversión inédita durante los cuatro años del Gobierno de Gustavo Petro.
SEMANA conoció que el paquete suma 15 billones de pesos entre obras e interventoría, y todo quedaría extendido más allá del 7 de agosto de 2026. La apuesta del Gobierno es amarrar esas obras con vigencias futuras, de modo que la mayor parte de la factura la paguen los próximos mandatarios, mientras esta administración capitaliza el anuncio y el arranque de los trabajos.
En total son 29 procesos de contratación para obras de infraestructura y, según los registros de Invías, las licitaciones se abrieron en bloque. Fueron publicadas entre el 19 y el 30 de diciembre de 2025, y hoy ya están en la etapa de selección y presentación de ofertas. Los cronogramas dejan claro que la puja arranca en serio en las próximas semanas, dado que el cierre para recibir propuestas está fijado entre el 2 y el 18 de febrero de 2026, dependiendo de cada proceso.
El propósito de la mayoría de los contratos será cumplir un compromiso del Gobierno nacional que solo hasta el final del mandato se puso en marcha. Se trata del programa Vías para la Paz, que busca darles varios kilómetros de carreteras, entre ellas terciarias, a zonas apartadas del país.
El Gobierno celebró con bombos y platillos y con un Conpes le dio luz verde a la inversión para este programa, declarándolo de “importancia estratégica”.
“Es así como el Gobierno nacional, en cabeza del señor presidente, les cumple a los colombianos, con el propósito de aumentar la conectividad, la competitividad y el desarrollo socioeconómico de las regiones y así contribuir a la consolidación de la paz, la integración territorial y el cierre de brechas”, dijo en su momento Natalia Molina Posso, directora del Departamento Nacional de Planeación.
Pero ese anuncio omitió un detalle clave: la financiación quedará amarrada con vigencias futuras, de modo que la mayor parte del pago recaerá en los gobiernos que vienen.
De hecho, de ese paquete cercano a 15 billones de pesos, Invías solo deja comprometido para esta administración alrededor del 1,7 por ciento de los recursos, equivalentes a 261.646 millones de pesos.
El resto del dinero quedó, en los contratos más prolongados, disperso hasta 2035, por lo que los próximos tres presidentes deberán pagar varias de las obras que el Invías deja amarradas.
El contrato más grande en licitación es el que tiene como fin las obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento de la variante San Francisco-Mocoa, en Putumayo. Pese a que se contratará por 2,5 billones de pesos, lo que tendrá que entregar el Gobierno Petro al ganador de la licitación serán solo 5.000 millones de pesos, menos del 1 por ciento del contrato. Por otro lado, entre 2027 y 2030, el presidente entrante deberá destinar 378.096 millones de pesos de su presupuesto para construir la obra.
Igualmente, para terminar el proyecto, quien asuma la presidencia en 2030 tendrá que pagar 1,6 billones de pesos de compromisos heredados del Gobierno Petro. Aun así, en 2035, un nuevo mandatario todavía deberá pagar 488.649 millones de pesos por los trabajos en Putumayo.
Igual ocurre con el mantenimiento de vías en La Guajira, que conjuntamente suma 3,2 billones de pesos. De esos recursos, Petro solo deberá destinar 18.400 millones, mientras que en vigencias futuras se comprometió el resto.
Con los proyectos más cuantiosos queda claro cómo se está repartiendo la factura en el tiempo. Una porción mínima queda para el presupuesto inmediato, en un Gobierno que se declaró en emergencia económica, y el grueso se difiere hasta por nueve años.
De esta forma, Invías podrá capitalizar los anuncios y los primeros hitos, pero serán los gobiernos que vengan los que carguen con la ejecución completa, que implica costos administrativos, las adiciones, los pleitos y los riesgos de demoras y sobrecostos que suelen traer obras de esta envergadura, cuando se prolongan en el tiempo.
¿Premio a los que eligieron a Petro?
SEMANA encontró que, de los 29 contratos, 28 están amarrados a obras en territorios puntuales y solo uno contempla intervenciones de alcance nacional. La mayor parte del paquete se concentra en 12 departamentos: Bolívar, Cauca, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Huila, Córdoba, Arauca, Chocó, Putumayo y Cundinamarca.
Al cruzar ese mapa con la segunda vuelta presidencial de 2022, aparece un dato imposible de ignorar. Gustavo Petro ganó en siete de estos departamentos: Bolívar, Cauca, La Guajira, Nariño, Córdoba, Chocó y Putumayo.
Y el peso de la plata confirma la tendencia. De los 13,8 billones de pesos que suman las licitaciones de obras, 11,4 billones quedaron en esos territorios, casi el 80 por ciento del total.
De esta manera, a menos de dos meses de las elecciones legislativas y a cuatro de las presidenciales, el Gobierno abre la chequera a gran escala y la dirige, sobre todo, hacia los departamentos donde ya había ganado en las urnas.
Cabe resaltar que muchos de los territorios en los que se repararán y construirán carreteras y puentes son zonas apartadas, cercanas a comunidades afro e indígenas, entre otras etnias, y territorios campesinos. Esta población es precisamente la que ha acompañado al mandatario colombiano en medio de críticas a su gestión y pese a quejas de algunos sectores por incumplimiento de promesas.
La idea de Invías es adjudicar lo más pronto posible, con miras a que en la primera semana de marzo se firmen la mayoría de los contratos. Por ser licitaciones, no existe necesidad de apurar el proceso, dado que las restricciones de la ley de garantías solo aplican para la contratación directa.
Sin embargo, las observaciones a los procesos hechas por posibles oferentes han demorado el trámite. Incluso, una de ellas, presentada por la empresa Meco, señala que es riesgoso asumir una obra con esa magnitud de recursos diferidos a vigencias futuras.
“Solicitamos muy amablemente que se revise el alcance establecido en el Anexo n.° 1, en lo relacionado con las obligaciones de tiempos y entregas parciales, con el fin de que estas guarden proporcionalidad con la disponibilidad presupuestal de cada anualidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que en algunos casos la ejecución de las obras no podría llevarse a cabo por la ausencia de recursos de vigencias futuras, razón por la cual no resulta procedente generar obligaciones contractuales cuando los plazos pueden ser mayores o cuando las entregas parciales no cuentan con financiación garantizada”, manifestó la compañía en una de las observaciones al proceso por 2,5 billones de pesos en Putumayo.
Sin embargo, fuentes del sector le contaron a SEMANA que, con los recursos disponibles para 2026, solo será posible ejecutar estudios previos y exploraciones alrededor de las obras, corriendo el riesgo de que no se ponga el primer ladrillo sino hasta 2027.
SEMANA contactó al Invías para conocer el motivo por el que se adjudicarán las obras con las mencionadas vigencias futuras, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre esa pregunta.
No obstante, Jhon Jairo González, director de la entidad, sí aceptó referirse a las críticas por el presunto direccionamiento de contratos hacia zonas que apoyaron a Gustavo Petro en 2022.
“Se están distribuyendo los recursos donde nunca antes se ha invertido o donde la inversión ha sido poca. El tema electoral no es conmigo, yo soy técnico. Pero nunca un Gobierno nacional había invertido en estas zonas, o las inversiones habían sido mínimas”, dijo.
En tiempo récord, comprometiendo a al menos tres gobiernos en el futuro y con mínimas garantías para las empresas que se presenten, dado que las condiciones económicas, topográficas y sociales pueden cambiar de aquí a nueve años, se vendrá una avalancha de contratación previo a elecciones.
Así, si los proyectos se concretan, la iniciativa será del presidente Petro, pero el logro –poner la obra en el suelo y enfrentar adiciones, pleitos, demoras y sobrecostos– será del mandatario que consiga materializarlos.
