A las 11:00 de la noche del pasado 24 de diciembre, mientras los colombianos celebraban la víspera de Navidad, Invías apenas daba a conocer el proceso de contratación de la reconstrucción de un tramo de la Transversal del Carare, vía clave para la conexión entre el sur de Santander y el Magdalena Medio.
La obra, ejecutada con recursos del Gobierno nacional, costará 163.820.357.667 pesos, que, incluyendo su interventoría, que se contrató por 15.973.192.596, tendría un valor total de casi 180.000 millones de pesos.
SEMANA conoció que el proceso, que terminó siendo adjudicado a la Unión Temporal Transversal del Carare, se definió en menos de 13 días. Y detrás de las empresas que resultaron contratadas está el empresario Pedro Contecha y su familia, megacontratistas que le prestaron uno de sus aviones privados al presidente Gustavo Petro en la campaña de 2022.
Los nombres aparecen al desglosar la unión temporal. Esta está compuesta por las empresas Infraestructuras Viales, que tiene un peso del 10 por ciento de las actividades del contrato, y Equipos y Triturados, que cuenta con la responsabilidad de ejecutar el 90 por ciento de la obra.
Dentro de los registros del proceso, obtenidos por este medio, aparecen como representantes legales Diana Patricia Paz Acosta y Jesús Antonio Contecha Carrillo, respectivamente.
Sin embargo, SEMANA conoció que los Contecha son dueños de ambas empresas. Dentro de la misma Infraestructuras Viales, coexisten la misma Equipos y Triturados, con una participación del 45 por ciento, e Ingeniería de Vías S. A. S., con otro 45 por ciento. El resto de la participación pertenece al mismo Jesús Contecha.
La empresa Ingeniería de Vías S. A. S., cuyo representante legal es Pedro Contecha, es la que aparece en un manifiesto de vuelo con fecha del 8 de marzo de 2022. En el avión, que ayudó a trasladar al entonces candidato a Neiva, también se transportó a Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Armando Benedetti, Roosevelt Rodríguez y Daniel Rojas.
Y esto, pese a que el préstamo de la aeronave se dio en tiempos de campaña delimitados por las autoridades electorales, nunca fue declarado dentro de las cuentas oficiales de campaña.
En 13 días y sin publicidad
SEMANA conoció que el proceso de Invías tuvo una duración de menos de un mes, llevando a cabo la estructuración, convocatoria y firma del contrato en tiempos reducidos. Sin embargo, fuentes del sector, consultadas por este medio, encuentran preocupante la falta de publicidad del proceso, que solo se dio a conocer en vísperas de Navidad, cerca de la medianoche.
El proceso apareció en Secop II a las 10:09 de la noche, 23 minutos después de que fue colgado el proceso para la interventoría del mismo. Luego, los registros muestran que el contrato fue firmado exactamente a las 11:00 de la noche.
Dentro de los documentos del proceso, la primera fecha de inicio disponible es la invitación a cotizar obras por parte de Invías, correo que envió Jairo William Torres Becerra, subdirector de Gestión del Riesgo de la entidad.
Los correos, enviados a eso de las cinco de la tarde del viernes 12 de diciembre, fueron dirigidos a tres firmas: Latinco S. A., Explanan S. A. S. y Equipos y Triturados.
“Además, de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento de Atención de emergencias MRPI-PR-1, de manera atenta se le invita a presentar su cotización hasta las 4:00 p. m. del lunes quince (15) de diciembre de 2025”, se lee en el mensaje.
De esa forma, las empresas, que todas aceptaron presentar la cotización, tenían solo sábado y domingo para construir la oferta, que tenía como tope 164.727.425.526 pesos.
En el informe de verificación de cotizaciones, que tiene fecha del 18 de diciembre y que es una de las actas necesarias para el proceso, quedó plasmado que las propuestas fueron presentadas con pocos minutos de diferencia entre cada una, siendo Latinco la primera, a las 3:39 de la tarde de la fecha límite.
Luego lo hizo la Unión Temporal Transversal del Carare, a las 3:50 de la tarde, y finalmente llegó la cotización de Explanan a las 3:58 de la tarde.
Tanto Latinco como Explanan presentaron cotizaciones que superaban los 164.000 millones de pesos. La ganadora del proceso presentó el proyecto con la menor cuantía, con una diferencia de sus competidores entre 400 y 600 millones de pesos.
Pero lo cierto es que SEMANA ubicó los correos oficiales que acompañan el informe y tienen horas de llegada distintas a las reportadas: el último en entregar la cotización completa, a las cuatro de la tarde del 17 de diciembre, dos días después de la fecha límite, fue la Unión Temporal Transversal del Carare. Explanan, que según el documento fue la más tardía, sí entregó a las 3:58 de la tarde del 15 de diciembre.
De esa manera, teniendo en cuenta lo valiosa que era la información de cuánto ofertaban los competidores, son reprochables las diferencias entre el informe de verificación presentado y los correos publicados por Invías.
Pero también preocupa al sector que se hayan tenido en cuenta dentro del proceso dos empresas en reorganización: Latinco, que según la Superintendencia de Sociedades debe saldar pasivos por más de 200.000 millones de pesos, y la misma Ingeniería de Vías de Pedro Contecha, en parte propietaria de Infraestructuras Viales, que registró en su momento deudas por más de 370.000 millones de pesos.
Y no es el único contrato
Contecha, a través de Ingeniería de Vías, ha recibido cerca de 350.000 millones de pesos en contratación durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Para atender la tragedia de Rosas (Cauca), la empresa fue contratada directamente para reponer la vía por 60.000 millones de pesos, con una adición posterior de 20.000 millones de pesos más.
Luego, la Fiduprevisora contrató a un consorcio, con participación de Contecha, para la construcción de una segunda calzada entre La Romelia y El Pollo, en Risaralda, por cerca de 200.000 millones de pesos.
Infraestructuras Viales ya ha tenido contratos con el Gobierno nacional. SEMANA conoció que en 2023 suscribieron un contrato de urgencia manifiesta para atender la vía entre Mojarras y Popayán, en el departamento del Cauca, por cerca de 80.000 millones de pesos.
Fuentes internas le informaron a este medio que, dentro de los registros de ingresos de la sede de Invías, se constataron entradas y salidas de altos funcionarios de la entidad el 24 de diciembre, día en el que se firmó el millonario contrato de uno de los simpatizantes del presidente en campaña.
SEMANA intentó ponerse en contacto con el consorcio propiedad de los hermanos Contecha, pero a la hora de cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Invías responde
Este medio envió preguntas a Invías y al Ministerio de Transporte, y posterior al cierre de esta edición se recibió una respuesta en la que defienden el proceso y aseguran que la rapidez con la que se llevó a cabo se justifica por la urgencia manifiesta.
De acuerdo con la entidad responsable, la naturaleza de lo ocurrido en la Transversal del Carare requirió de contratación directa, dada “la imposibilidad de acudir a un proceso de selección ordinario sin agravar la situación de riesgo“.
Y frente a la no publicidad del proceso, argumentan, entre otras cosas, el hecho de que se tuvo que gestionar el desbloqueo de 181.200 millones de pesos ante el Ministerio de Hacienda.
“La publicación de la información del proceso de contratación adelantado para la atención de la emergencia en la Transversal del Carare obedece a la naturaleza excepcional del procedimiento aplicado", expuso la cartera e Invías en la respuesta.
Ante la adjudicación a los Contecha, argumentan que los escogieron por su trayectoria en proyectos similares: “Estas experiencias acreditan la capacidad operativa y técnica necesaria para atender una emergencia de gran magnitud como la presentada en la Transversal del Carare”.
También justificaron la invitación a cotizar a empresas en reorganización, señalando que “puede contratar con entidades estatales, siempre que acredite el cumplimiento de los requisitos”.
Frente a los correos oficiales de llegada de las cotizaciones y la diferencia entre el informe de verificación, aseguran que “no existió inconsistencia alguna”, afirmando que se amplió el plazo de recepción hasta el 17 de diciembre a las 4 de la tarde.
Pero lo cierto es que solo la unión temporal ganadora entregó una parte de los documentos en la fecha estipulada en principio y el resto los adjuntó dos días después.
Les corresponderá a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía revisar en detalle este controvertido contrato, establecer si se cumplieron los requisitos de la urgencia manifiesta y determinar si hubo o no irregularidades en su adjudicación.
