SEMANA conoció un nuevo elemento dentro de la controversia que salpica a la Casa de Nariño, en medio de la ola de despidos en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Se trata de un chat entre Carolina Calderón y José Raúl Moreno, jefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, en el que Calderón, quien fue afectada dentro del grupo de personas declaradas insubsistentes en el Dapre, expone información relevante.
Allí, la entonces jefe de prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia le expresó directamente a Moreno: “Me dijiste mirándome a los ojos que el señor presidente había dado indicación de no sacarnos”.
Y agregó: “Que se reuniría con nosotros y que tranquilos”. Sin embargo, el alto funcionario de la Casa de Nariño no respondió ese mensaje.
Cerca de 30 funcionarios del Dapre quedaron sorprendidos por la determinación adoptada por el Gobierno del mandatario colombiano de declararlos insubsistentes.
En una de las más recientes sesiones del consejo de ministros, el propio jefe de Estado dio una directriz enfocada en las entidades públicas para evitar despidos masivos.
Inclusive, se expidió una resolución que señalaba: “Por instrucción del señor presidente de la República, Dr. Gustavo Petro Urrego, se exhorta a las entidades de la rama Ejecutiva del orden nacional a actuar con especial prudencia, consideración y responsabilidad en la gestión del talento humano, previo al inicio del periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales, previsto para el 31 de enero de 2026, evitando la adopción de decisiones generalizadas o masivas de desvinculación de personal, especialmente aquellas que no se encuentren debidamente sustentadas en causas objetivas, necesidades reales del servicio o en procedimientos legalmente establecidos”.
El documento del Gobierno nacional agrega: “El empleo público debe estar orientado por el respeto y la garantía de los derechos laborales, la dignidad humana, la estabilidad en el empleo y el debido proceso”. Esta medida reforzó la protección de los derechos de los trabajadores y dejó claro que los jefes de las entidades deben actuar con rigor al tomar decisiones sobre el personal.
Finalmente, de otro de los apartes de la resolución se desprende: “Responder a criterios técnicos, objetivos y verificables, y no a consideraciones coyunturales, asegurando la continuidad del servicio público y la protección de los derechos de quienes lo prestan, sin perjuicio de la debida observancia de lo previsto en la Ley 996 de 2005”.