Durante ese fin de semana, se llevó a cabo por parte del Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado a las víctimas de Bojayá.
La ceremonia que lideró el Ministerio de Defensa, se dio en cumplimento de la orden que emanó el Tribunal Administrativo del Chocó, instancia que ratificó la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación por los hechos ocurridos en el Medio Atrato.
“Cerca de 1.000 habitantes de los municipios de Bojayá (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia) asistieron al acto de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas del Estado por los hechos de violencia ocurridos en el territorio del Medio Atrato, en el marco del conflicto armado, ceremonia presidida por el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez”, se desprende de un comunicado del Ministerio de Defensa.
De acuerdo con la medida judicial, se reconoció “los perjuicios sufridos por las personas desplazadas forzosamente en la región del Medio Atrato y los daños ocasionados a los familiares de las víctimas de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002”.
“Si bien el Estado no perpetró la masacre, la jurisdicción contencioso-administrativa determinó que incumplió su deber constitucional, legal y moral de proteger a la población civil y de prevenir que, en medio de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, más de un centenar de personas fueran asesinadas. En ese contexto, el acto de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas constituye una medida de reparación orientada a dignificar a las víctimas, reconocer las fallas institucionales y reafirmar el compromiso del Estado con las garantías de no repetición”, expresó el Ministerio de Defensa.
A su turno y sobre la ceremonia de reconociendo de responsabilidad del Estado, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, expresó: “Reiteramos nuestro compromiso con las garantías de no repetición. Seguiremos fortaleciendo la respuesta institucional frente a las alertas tempranas, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, las autoridades civiles, los gobiernos territoriales, las autoridades étnicas y las organizaciones comunitarias”.
“Ese crimen debe nombrarse con absoluta claridad. Fue un acto atroz, injustificable y contrario al Derecho Internacional Humanitario, a la dignidad humana y a los principios más elementales de la convivencia, cometido por las extintas FARC y las AUC”, puntualizó Sánchez.
Finalmente, el Gobierno saliente indicó que “el acto de reconocimiento se realizó en conmemoración del aniversario 24 de los hechos ocurridos en 2002, cuando más de 100 personas, entre ellas 48 niñas y niños, perdieron la vida tras el impacto de un cilindro bomba lanzado por una estructura de las extintas FARC contra la iglesia del municipio, donde la población se resguardaba de los enfrentamientos que ese grupo armado sostenía con las extintas AUC”.
“Ante las comunidades y los familiares de las víctimas, este acto de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas reafirma que no puede haber reparación sin verdad, ni garantías de no repetición si las instituciones no reconocen dónde fallaron en su deber de protección y no mantienen el compromiso de impedir que una tragedia como esta vuelva a repetirse”, puntualizó el Ministerio de Defensa.