Luego de que el presidente electo Abelardo De La Espriella reveló a un nuevo integrante de su gabinete que lo campará en su Gobierno desde el 7 de agosto, desde el Congreso se conoció la primera solicitud formal para ese funcionario.

Se trata del ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, a quien los congresistas Daniel Briceño, Sara Castellanos y Carol Borda, elevaron un documento en el que le solicitan que revoque un paquete de decretos que firmó la administración de Gustavo Petro, sobre áreas y zonas para actividad agrícola y producción de alimentos.
“Como congresistas de la República, hacemos un llamado urgente al Gobierno entrante para que, desde el primer día de su administración, ordene la revocatoria directa de todas las resoluciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expedidas con base en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, con la que se crearon las Areas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos”, se desprende del documento.
Además, la comunicación dirigida al ministro designado, indica que un artículo en particular “convirtió una ley que solo debía durar cuatro años en una herramienta permanente que le da al Ministerio de Agricultura el poder de decidir, por su cuenta, cómo deben usarse las tierras de departamentos, municipios y el destino que deben darle sus propietarios. Esto atropella la autonomía de los concejos municipales, el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa: miles de predios rurales quedan con prohibiciones para el desarrollo de actividades como comercio, industria, turismo, minería o la construcción de vivienda, sin que exista una ley que autorice estas restricciones ni estudios técnicos serios que las respalden”.
“Adicionalmente, solicitamos revisar el Decreto 1147 de 2024, que faculta a la Agencia Nacional de Tierras para fijar límites a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina”, recalcan los congresistas.
Y concluyeron: “Los perjuicios de esta política ya son verificables. La Contraloría General de la República advirtió riesgos legales, fiscales y de gobernanza en la forma como se han implementado las APPA. La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32. Colombia necesita seguridad jurídica, autonomía territorial real y respeto a la propiedad privada para atraer inversión y generar empleo en el campo”.

Finalmente, sobre la designación del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, a través de su cuenta personal de X, el mandatario electo De La Espriella expresó: “El campo volverá a ser el motor del desarrollo de Colombia. Por eso he designado a Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura, un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra Nación comienza en el agro”.
