En medio de la fuerte controversia que despertó en el país la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, el Senado citó a una sesión extraordinaria a todos sus congresistas para estudiar de fondo el impacto de la medida, puesta en marcha desde el 25 de diciembre de 2025 y que está bajo revisión de la Corte Constitucional.
La sesión será el próximo martes, 27 de enero, y se espera la asistencia de todos los parlamentarios. Al fin y al cabo, la primera convocatoria se realizó el 29 de diciembre de 2025, pero no se concretó por razones de agenda de los ministros del Gobierno Petro.
El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, ha sido el congresista que más ha insistido en la importancia de que el Congreso suspenda el receso legislativo y analice de fondo el impacto de la emergencia económica, de la cual se han expedido varios decretos con los que se busca que el Gobierno obtenga más recursos económicos provenientes del pago de impuestos de los colombianos.
Motoa, quien hace parte de los senadores opositores a Petro, ha insistido en que, aunque no se esté sesionando, la convocatoria se puede realizar amparada en los “artículos 135 y 138 de la Constitución Política de 1991, que establecen que la función de control político se podrá ejercer en todo tiempo”.
En otras palabras, así el Congreso se encuentre en vacaciones, puede sesionar por tratarse de un tema de gran impacto para los colombianos.
Como los ministros de Petro no asistieron a la primera convocatoria del Congreso para asumir el debate y justificar la emergencia económica, Motoa radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría, pues calificó lo sucedido como “una estrategia del Gobierno para evadir el debate de control político sobre la declaratoria de emergencia económica decretada por la administración de Petro”.
De acuerdo con el congresista, el Ejecutivo ha completado cerca de tres semanas sin atender a la plenaria del Senado, recurriendo, según su denuncia, a excusas procedimentales y solicitudes de prórroga para no responder de fondo los cuestionarios enviados por el Congreso.
Motoa sostuvo en su momento que los términos legales para dar respuesta se encuentran vencidos y que no recibió información “clara, completa y oportuna por parte de los funcionarios citados”.
“¡Inaudito que una declaratoria de semejante magnitud, que crea impuestos, desplaza al Legislativo y asfixia a la ciudadanía con nuevos tributos, todavía no cuente con respuestas a los cuestionarios! Por eso, radiqué una queja disciplinaria ante la Procuraduría General, porque no permitiré que le hagan más trampa al país”, señaló Motoa.
Mientras el Congreso espera reunirse la próxima semana, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, radicó una solicitud ante el alto tribunal en la que pidió suspender provisionalmente el decreto de la emergencia económica, al menos mientras es estudiado de fondo por la Sala Plena.
Ante esa petición, las mayorías en la Corte tendrán que decidir si avalan la postura de Ibáñez o, al contrario, esperan un estudio de fondo de la emergencia para decidir la suspenden o no.
