El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, presentó una solicitud para que se suspenda provisionalmente el efecto del decreto de emergencia económica formulado a finales de 2025 por el Gobierno tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
En la solicitud se indica que la medida provisional es clave mientras se toma una decisión de fondo en la Sala Plena de la Corte Constitucional, luego de evaluar la ponencia que deberá ser presentada por el magistrado Carlos Camargo Assis.
Al despacho del magistrado Camargo ya han llegado varios conceptos frente a los alcances de este decreto presidencial. Solo falta el de la Procuraduría General de la Nación.
El decreto bajo revisión es el 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno argumentó que el país atraviesa una situación fiscal compleja que pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones del Estado, la continuidad del gasto público social, la seguridad ciudadana y el pago de sentencias judiciales y compromisos financieros. Con base en ese diagnóstico, el Ejecutivo consideró necesario acudir a una herramienta extraordinaria.
La Corte Constitucional debe establecer si la situación descrita por el Ejecutivo realmente justifica una medida de excepción o si existían otros mecanismos legales ordinarios para enfrentarla.
El pasado 13 de enero, el alto tribunal le pidió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia que remita información sobre la situación administrativa de los ministros que suscribieron el decreto y, en particular, el acto administrativo mediante el cual Irene Vélez habría sido encargada como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Entre las preguntas que plantea el tribunal está si los problemas fiscales descritos por el Gobierno son realmente extraordinarios o si corresponden a dificultades estructurales que vienen de años atrás.
También se busca aclarar si la no aprobación de proyectos de ley de financiamiento en el Congreso puede justificar una medida excepcional o si ese camino podría afectar principios como la separación de poderes.
Otro de los interrogantes apunta a la vigencia de algunos argumentos económicos. La Corte quiere saber si el impacto de la crisis económica global posterior a la pandemia del covid-19, varios años después, puede seguir considerándose un factor determinante para declarar un estado de excepción en 2025.
Asimismo, se evaluará si el Ejecutivo agotó todas las herramientas ordinarias antes de recurrir a la emergencia económica. Ahora, el magistrado Carlos Camargo tendrá que asumir una postura frente a la solicitud del presidente de la Corte Constitucional para que se suspenda de manera temporal la emergencia económica decretada por el gobierno Petro.
