La Procuraduría General emitió un concepto en el marco del debate sobre la emergencia económica decretada en febrero pasado para atender la ola invernal que azotó varias regiones del país, principalmente los departamentos de Córdoba, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó en los primeros días del 2026.
En el documento, firmado por el procurador General, Gregorio Eljach, el Ministerio Público pide que se avale el decreto, considerando que cumple con varios requisitos.
Entre estos, que se trató de una situación extraordinaria que afectó a cerca de 160 mil personas en 101 municipios.
“Es claro que los hechos relacionados con las lluvias excepcionales propias del frente frío de principio de año, así como las múltiples inundaciones registradas, causaron efectos graves e inminentes en el orden económico, social y ecológico de los territorios objeto de la declaratoria”, señaló la Procuraduría.
En otro de los apartes se manifiestan los graves daños a la infraestructura, servicios públicos y producción agrícola en estas regiones, situación que ameritaba la intervención del Estado.
Las dos salvedades
Sin embargo, en el concepto se menciona que el aval del decreto no puede ser completo.
Esto debido, a que en el decreto se mencionaron situaciones que no tienen relación para hacerle frente a los daños generados por la mencionada ola invernal.
Entre estos, las citadas problemáticas de acceso a la tierra y de ocupación ilegal de baldíos en el país.
Para la Procuraduría General, estos son casos históricos que no son exclusivos de la situación analizada.
“El Ejecutivo no demostró de qué manera las problemáticas históricas relacionadas con la tenencia de la tierra en Colombia requieren una atención inmediata para enfrentar la emergencia derivada de los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos entre enero y febrero de 2026″, resalta el concepto de 27 páginas.
“Si bien el Gobierno nacional afirmó que la ocupación indebida de bienes de uso público genera alteraciones en los cauces de los cuerpos de agua, no identificó ni caracterizó los predios ocupados ilegalmente que incidieron en el desastre natural”, complementó.
Por esto, consideró que lo dicho en el decreto “constituye una calificación discrecional, arbitraria y caprichosa” por parte del Ejecutivo.
El concepto será estudiado en los próximos días por el magistrado ponente Miguel Polo Rosero.
El tema será debatido en una Sala Plena que, como demuestra la experiencia, será compleja y podrá tomar varias sesiones.