El congresista Christian Munir Garcés Aljure participó este jueves 7 de mayo en el espacio de El Debate de SEMANA, donde analizó la situación de orden público tras el asesinato de Mileydy Yurani Villada González, quien se desempeñaba como presidenta del Concejo Municipal de Obando, en el departamento del Valle del Cauca.
Durante su intervención, Garcés expuso detalles sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los funcionarios locales en la región. Respecto al caso de la cabildante Villada González, Garcés indicó que existían indicios sobre el riesgo que corría la funcionaria..
El congresista señaló que la víctima “temía porque fuera asesinada; tenemos información de que le había solicitado a la Policía refuerzo”, enfatizando en la comunicación previa que la mujer habría intentado establecer con las autoridades para obtener mayor acompañamiento.
Amenazas y condiciones de los cabildantes locales
El representante a la Cámara manifestó su preocupación por otros miembros de corporaciones públicas que enfrentan situaciones similares. Evitó dar nombres específicos para no incrementar los riesgos, pero confirmó la gravedad del panorama actual.
“Tengo a la mayoría de los concejales del Centro Democrático, que además prefiero ni mencionarlos por los problemas que están teniendo, inconvenientes porque de pronto hasta los pongo en peores condiciones de seguridad, pero estamos en este momento con varios amenazados”, afirmó el congresista.
Garcés también se refirió a las limitaciones económicas y logísticas que dificultan la protección de estos líderes en municipios de categorías menores. Según su análisis, las medidas ofrecidas por el Estado no resultan suficientes frente a la capacidad de los grupos ilegales.
“Recuerden que los concejales en los municipios no tienen vehículos blindados, tienen un salario muy bajo, sobre todo los de sexta y quinta categoría; el Estado les está diciendo que les da unos chalecos antibalas, pero esto es una vulnerabilidad total”, explicó durante la transmisión.
Presencia de grupos armados en el territorio
La problemática descrita por el legislador no se limita exclusivamente al departamento del Valle, sino que se enmarca en un contexto nacional de expansión de estructuras al margen de la ley.
Citando datos de la Defensoría del Pueblo, Garcés recordó que la presión sobre la ciudadanía y los líderes políticos ha aumentado en varias regiones.
“Recordemos que la Defensoría del Pueblo ha denunciado que cerca de 640 municipios tienen hoy presencia militar ilegal de grupos armados, y están presionando a los ciudadanos en época electoral y parte de nuestros líderes están siendo amenazados”, puntualizó el representante.
La intervención concluyó con un llamado a revisar los protocolos de protección para los servidores públicos que operan en zonas rurales y municipios con baja capacidad presupuestal, y donde la presencia de actores armados condiciona el ejercicio de su labor política.