El Congreso de la República abrió la discusión del Proyecto de Ley 347 de 2026, impulsado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, una propuesta que ha generado preocupación en el sector digital y de movilidad.
La iniciativa pretende reforzar los mecanismos de control y sanción en el transporte, lo que podría derivar en cambios significativos para diversas aplicaciones usadas a diario, con efectos directos en la forma en que millones de ciudadanos se desplazan, generan ingresos y acceden a distintos servicios.
El proyecto, presentado ante el Senado, plantea un nuevo marco sancionatorio que catalogaría como ilegal el transporte de pasajeros intermediado por plataformas digitales cuando se realice con vehículos particulares. En la práctica, la propuesta busca prohibir el funcionamiento de estas aplicaciones, que actualmente operan sin una regulación específica.
De acuerdo con Alianza In, gremio que agrupa a varias plataformas, la iniciativa permitiría la suspensión inmediata de las aplicaciones, la inmovilización de vehículos por hasta 120 días y la imposición de sanciones económicas que alcanzarían los 4,7 millones de pesos por cada trayecto, además de multas que podrían superar los 2.100 millones de pesos en los casos no contemplados de manera específica.
Además, según el gremio, el alcance del proyecto va más allá de las plataformas y traslada la carga sancionatoria a terceros como dueños de vehículos, administradores de conjuntos residenciales y responsables de centros comerciales.
¿Cuáles son las aplicaciones que podrían verse afectadas?
- Uber: la plataforma estadounidense que opera desde hace años en Colombia y que es una de las más populares para transporte particular.
- DiDi: el servicio chino ha ganado terreno en varias ciudades colombianas en los últimos años.
- Cabify: otra de las opciones de movilidad digital con presencia sólida en el país.
- InDriver, Yango y otras apps de servicios similares, que permiten a conductores y pasajeros pactar tarifas y rutas.
Frente a este escenario, Uber, una de las plataformas con mayor presencia en el país, reaccionó al proyecto y afirmó que desde el Ministerio de Transporte se “confunde la innovación con amenaza”.
La compañía alertó además sobre las consecuencias que la iniciativa podría traer para millones de personas que dependen de las aplicaciones digitales, ya sea como medio de transporte cotidiano o como fuente de ingresos.
“Usar la tecnología no es un delito y los colombianos lo saben”, señaló Uber en un pronunciamiento público, añadiendo que, “criminalizar el uso de una aplicación no protege a nadie; solo pone en riesgo la integridad y la seguridad de millones de usuarios”.
Alianza In señaló que en el país más de 1,28 millones de perfiles de conductores obtienen recursos económicos mediante plataformas digitales, mientras que alrededor de 21,5 millones de personas recurren a estas aplicaciones como una opción habitual para desplazarse.