El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Felipe Lemus, pidió al Congreso que tenga en cuenta el presupuesto inicial del tribunal o, al menos, que autorice 300.000 millones. Habló de las elecciones de 2027 y pagos por reposición de votos.
SEMANA: ¿Cómo encontró al Consejo Nacional Electoral?
Juan Felipe Lemus: Revisando una encuesta reciente, vemos que el Consejo Nacional Electoral, a pesar de sus vicisitudes y los ruidos de los últimos meses, empieza a posesionarse en la opinión pública como una institución pública seria y responsable en el cumplimiento de sus funciones. En términos generales, bien. Sin embargo, entramos con unas prioridades que nos ha tocado empezar a desarrollar en seis días de posesionados. Una de ellas: la Corte Constitucional, en sentencia de este año, decidió anular una norma definida en el Plan Nacional de Desarrollo que se refería a la autonomía presupuestal y financiera del CNE. A partir del primero de enero, como están las cosas, el Consejo Nacional Electoral volvería a depender de la Registraduría para efectos de ejecutar su presupuesto. Eso nos ha obligado a preparar un proyecto de ley que presentaremos al Congreso para recuperar la autonomía presupuestal y financiera, definiendo que el artículo 265 de la Constitución ya se refiere de manera expresa a que la entidad es un órgano con autonomía fiscal y financiera, pero eso hay que desarrollarlo jurídicamente. Por eso, tenemos como primera actividad sacar adelante la ley.
SEMANA: ¿Qué otro problema encontró?
J.L.: Los magistrados que nos antecedieron presentaron al Ministerio de Hacienda un presupuesto para el CNE de 2,2 billones de pesos, pero en el proyecto de presupuesto que discute actualmente el Congreso solo fueron incorporados 1,3 billones. Esa semana tuvimos la necesidad de ir a las comisiones conjuntas del Congreso para solicitar al Legislativo y al Ejecutivo que estudien la posibilidad de aumentar los recursos que, en principio, fueron asignados. Por lo menos 300.000 millones de pesos adicionales. ¿Por qué razón? Los 200 empleados de planta y los 431 supernumerarios, que conforman la nómina habitual de la entidad en años no electorales, tienen garantizada su continuidad. Sin embargo, 2027 será un año electoral, con comicios de gran escala por el número de cargos y candidatos en disputa. Mientras que en una elección presidencial participan 10, 15, 20 candidatos, y en el Congreso entre 2.500 y 3.000, en los comicios del año entrante se miden hasta 135.000 candidatos en 32 departamentos y 1.103 municipios. Compiten por gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales. Eso genera un componente adicional en materia presupuestal para efectos de poder garantizar la plataforma tecnológica, las capacitaciones a testigos, crear los tribunales de garantías en 32 puntos de cómputo en cada uno de los departamentos, los observadores nacionales e internacionales y los auditores, entre otros. Hemos advertido que las elecciones están garantizadas. La Registraduría tiene los recursos para estos efectos. Lo que no está completamente garantizado es la función de inspección, vigilancia y control de las elecciones que realiza el Consejo Nacional Electoral y, por eso, estamos advirtiendo que se requieren unos recursos adicionales.
SEMANA: ¿Qué pasa si el Congreso no le autoriza los 300.000 millones que requiere?
J.L.: Nos toca cumplir, sí o sí, la función. Nos tocaría hacer los ajustes presupuestales correspondientes y, como ha sucedido antes, hay un tema principal que es la vigilancia, inspección y control de las próximas elecciones. No se puede poner en riesgo. Habría que cortar el pago por reposición de votos, seguir aplazando ese tema y disminuir los recursos del derecho de oposición.
SEMANA: También encontraron en el CNE retraso en el pago por reposición de gastos a los partidos políticos.
J.L.: Encontramos una debilidad muy grande que viene arrastrando el CNE. Tiene que ver con el pago para la financiación de los partidos y la reposición de votos. De manera desafortunada, hay un atraso desde 2018 hasta hoy; se ha venido acumulando, no ha podido resolverse del todo y se requieren los recursos para podernos poner al día en reposición de votos. Otro tema fundamental es garantizar el Estatuto de Oposición. En los últimos años, el Consejo Nacional Electoral ha podido cumplir con esa función a medias. Y lo digo así porque, contando con el recurso para garantizar a los partidos su participación en televisión y radio, se hace a nivel nacional, pero la ley obliga y la Corte ordena que sea en todos los territorios.
SEMANA: ¿Es preocupante la falta de reconocimiento del pago a los partidos por reposición de votos? ¿El atraso es desde hace cuántos años?
J.L.: No tenemos un diagnóstico claro, pero sabemos que hay cuentas desde 2018 hasta 2026 que no han sido pagadas. La primera decisión que tomamos con mis compañeros magistrados fue dar la instrucción a la jefatura de la oficina del fondo de reposición de campañas para que nos presenten en las próximas semanas un informe detallado sobre lo que se adeuda, desde qué fecha hasta hoy. Y así poder implementar un plan de choque para que en este primer año podamos poner al día la entidad. También dependemos de que sean asignados los recursos para esos efectos por parte del Gobierno y el Congreso.
SEMANA: ¿Ya hay excandidatos y partidos políticos que han anunciado demandas?
J.L.: Nos han llegado infinidad de reclamos. Llevamos pocos días como magistrados, estamos evaluando todo y haciendo un diagnóstico claro. Tenemos infinidad de solicitudes de los partidos porque a algunos no se les ha pagado lo que les corresponde por funcionamiento y tienen la presión de sus candidatos, a quienes tampoco se les ha pagado.
SEMANA: ¿Cuáles partidos son los más afectados?
J.L.: Todos los partidos. Centro Democrático, Partido Conservador, el Partido de la U, todos tienen problemas. No es un tema exclusivo de uno o de otro. Es una cuestión recurrente en todas las colectividades.
SEMANA: ¿Cuándo tienen contemplado aprobar los pagos por reposiciones de gastos de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo y los demás excandidatos a la presidencia?
J.L.: Eso va entrando a la sala plena. Apenas llevamos cinco días en la tarea. Tienen que tenernos paciencia. En pocos días no podemos resolver todos los pendientes de la entidad. Lo que sí puedo advertir es que tenemos toda la disposición y hemos evidenciado eso como uno de los temas principales urgentes.
SEMANA: El próximo domingo habrá elecciones atípicas en Cartago y ustedes no han decidido si el exalcalde Juan David Piedrahíta, a quien el Consejo de Estado le anuló la elección, podrá participar nuevamente. ¿Cuándo lo harán?
J.L.: ¿Qué encontramos los magistrados en la sala? Ya había una ponencia en un sentido, pero detectamos que si avanzábamos en eso podíamos incurrir en una violación al debido proceso, porque nos dimos cuenta de que en la ponencia proyectada no habían notificado a uno de los partidos políticos interesados en el tema porque coavaló la candidatura de exalcalde y hoy aspirante. Decidimos aplazar el asunto para que el despacho notificara a la colectividad respectiva. Tienen dos días hábiles para presentar sus alegatos y nosotros vamos a citar a una sala extraordinaria el próximo martes y decidiremos.
SEMANA: ¿Le gusta la propuesta de reforma que busca cambiar la elección de magistrados del CNE?
J.L.: Si revisa la Constitución de 1991 y lo que ha dicho la jurisprudencia sobre el Consejo Nacional Electoral, esta es una institución de carácter político. Si eso fue lo que quisieron quienes decidieron la Constitución del 91, no veo razón para que se deba cambiar. La crítica que hacen es que no hay autonomía ni independencia. El CNE es la representación primigenia de la democracia colombiana; el objetivo principal es hacer control y vigilancia a la democracia. Y la participación de miembros de partidos garantiza un equilibrio porque nosotros conocemos la democracia, formamos parte de ella, somos actores principales y allá decidimos vía administrativa sobre los asuntos atinentes al proceso electoral.