El homicidio de María Camila Potosí y de su bebé volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la eficacia y los vacíos del sistema de judicialización en Colombia frente a los delitos de mayor gravedad, especialmente cuando los responsables son adolescentes.
En ese contexto, la SEMANA conoció, por altas fuentes del Gobierno entrante, que el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, considera que esta discusión no puede seguir aplazándose y está dispuesto a liderar, desde esa cartera, un ejercicio de concertación con el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las demás entidades competentes para construir una respuesta institucional que combine justicia, prevención y protección de la infancia y la adolescencia, con alcance en todo el país.
La postura de Cancino sobre este asunto no es reciente. Desde hace más de 15 años ha defendido la discusión sobre la posibilidad de endurecer las penas para los mayores de 16 años que cometan delitos graves. Su planteamiento parte de que, a esa edad, una persona cuenta con un nivel de comprensión suficiente sobre las consecuencias de sus actos, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico le reconoce la capacidad para adoptar decisiones de relevancia, como obtener una licencia de conducción o definir aspectos relacionados con su identidad de género.
Con base en esa posición, ha sostenido que, en casos de homicidio, secuestro, delitos sexuales y extorsión, los adolescentes mayores de 16 años puedan ser tratados como adultos a la luz del Código Penal.
Durante el trámite del Acto Legislativo 01 de 2020 y, posteriormente, de la Ley 2098 de 2021, Cancino sostuvo que el derecho penal no debía convertirse en la única respuesta frente a la criminalidad. En ese escenario también defendió que cualquier ajuste punitivo debía estar acompañado de mecanismos efectivos de prevención y de atención integral por parte del Estado.