El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, criticó fuertemente al presidente Gustavo Petro tras un mensaje publicado por este en sus redes sociales, en el que expresó su intención de pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que procese penalmente a los cabecillas de grupos armados responsables de crímenes sistemáticos contra menores de edad en Colombia.
Petro, al referirse al reclutamiento y asesinato de menores como crímenes de lesa humanidad, afirmó que, en virtud del Estatuto de Roma, solicitará a la CPI actuar sobre estos hechos en el país, tal como se ha hecho en otros contextos internacionales.
En respuesta, Barbosa calificó la declaración como una muestra de “ignorancia” en materia de derecho internacional y aseguró que el presidente desconoce las competencias de las instituciones colombianas. “Otra vez lo mismo de siempre. La ignorancia de @petrogustavo lo lleva en esta ocasión a pontificar sobre derecho internacional cuando ni siquiera ha terminado de entender la Constitución de Colombia”, expresó Barbosa en su mensaje.
El exfiscal recordó que, según el marco jurídico colombiano, son las autoridades nacionales, como la Fiscalía y los jueces, las encargadas de investigar y sancionar estos crímenes. Además, señaló que el presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas, tiene la responsabilidad directa de prevenir estos hechos.
“Que alguien le diga cómo funciona la competencia de la Corte Penal Internacional. Toca recordarle que las autoridades colombianas son las instituidas para investigar estos crímenes. La Fiscalía y los jueces son los que tienen la competencia en esta materia”, afirmó Barbosa.
El exfuncionario también criticó lo que calificó como una falta de resultados en la gestión de Petro para detener el aumento de estos crímenes durante su mandato, describiendo su gobierno como “funesto” en términos de seguridad y protección de los derechos de los menores.
Este cruce de declaraciones se produce en medio de un aumento de la violencia en diversas regiones del país, donde los grupos armados ilegales han intensificado sus actividades, incluyendo el reclutamiento de menores, una práctica condenada nacional e internacionalmente.