Ha pasado casi una década desde que Colombia celebró un histórico acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, y cuatro años desde que el Presidente Gustavo Petro se comprometió con la paz total. Pero en realidad, el conflicto interno de décadas continúa—haciéndolo uno de los más antiguos en el mundo.
A principios de 2025, una de las olas de violencia más intensa en años se hizo sentir. Enfrentamientos entre dos grupos guerrilleros en el Catatumbo resultaron en decenas de muertes de civiles y el desplazamiento forzado de miles de personas. Desde que las FARC, el grupo guerrillero más grande firmó los acuerdos de 2016, más de 400 firmantes han sido asesinados. La Defensoría del Pueblo ha documentado el asesinato de más de 1,500 líderes y lideresas en todo el país desde 2016.
Muchas veces describimos la paz como ausencia de guerra. Pero pensar en la guerra y la paz como un binario absoluto oculta la violencia que ocurre durante “tiempos de paz”. Para la gente en Colombia, esa paradoja no es nada nuevo. En muchas de las comunidades más afectadas por la violencia, pensar en “posconflicto” se siente utópico.
Como una investigadora colombiana que ha colaborado con lideresas afrocolombianas durante más de una década, he planteado que poner demasiado énfasis en las conversaciones y los acuerdos de paz puede ocultar la violencia histórica que aún está presente, especialmente para las minorías raciales. Colombia tiene la población negra hispanohablante más grande de América Latina que representa alrededor del 20% de la población colombiana. En Chocó, una región de la costa pacífica donde he hecho investigación, la población afrocolombiana es la mayoría.
Las comunidades chocoanas siguen lidiando con una grave crisis estructural exacerbada por el conflicto contemporáneo y con los desafíos continuos de los legados de la esclavitud, el colonialismo, el abandono estatal y las secuelas del extractivismo. Muchas comunidades, y en particular mujeres, trabajan colectivamente en el día a día para acercarse a la paz y la justicia.
Exigir derechos en medio de la violencia
Colombia ha estado entrelazada con la guerra durante más de seis décadas, con grupos armados legales e ilegales de todo el espectro político luchando por territorios y recursos. Más de 450.000 personas han sido asesinadas y más de 7 millones han sido desplazadas, aunque estos números son estimados y no reflejan la totalidad de las consecuencias de la guerra.
Las comunidades negras e indígenas han sufrido desproporcionadamente la peor parte de la guerra, especialmente en zonas rurales, donde sus vidas y territorios han sido amenazados tanto por grupos armados como por multinacionales. En el Chocó, el lugar de mi investigación, la falta de infraestructura y la biodiversidad de la región han atraído a grupos y prácticas ilegales como el narcotráfico, la minería y otros tipos de extracción de recursos que amenazan las formas tradicionales de vivir y coexistir. El mercurio de la minería industrial representa un peligro adicional para la salud de las personas, sus comunidades y territorios.
En teoría, las comunidades rurales negras en las tierras bajas del Pacífico, donde se encuentra la mayor parte del Chocó, tienen derecho legal a la propiedad colectiva de sus territorios y a ser consultadas sobre los planes de desarrollo. En realidad, el acaparamiento de tierras y los asesinatos selectivos asociados a cultivos ilegales, la minería y otras prácticas extractivas se han convertido en la norma aquí, como es cierto en toda la Colombia rural.
El conflicto ha intensificado el racismo y las jerarquías de género, lo que ha hecho a las mujeres negras, y en particular a activistas, especialmente vulnerables. La vicepresidenta Francia Márquez Mina, por ejemplo, quien ha ganado premios por su activismo contra la minería ilegal, sobrevivió a un atentado cerca de su casa en el vecino departamento del Cauca en 2019. Ella y su familia han recibido serias amenazas a sus vidas desde entonces.
Construyendo solidaridad
Incluso en tiempos de “posconflicto”, la paz es una tarea desafiante. Requiere una transformación social que no ocurre de la noche a la mañana sino mediante la realización de actividades solidarias, pequeñas chispas en los compromisos diarios de las personas que trabajan en la organización y el fortalecimiento de los territorios colectivos y las comunidades que los habitan.
En mi libro Postconflict Utopias: Everyday Survival in Chocó, Colombia (Utopías del postconflicto: supervivencia cotidiana en Chocó, Colombia), escribo sobre cómo las organizaciones de mujeres negras cuidan sus territorios y comunidades. Las “comisionadas”, por ejemplo, pertenecen a una de las asociaciones más grandes de consejos comunitarios en la Colombia rural, llamada COCOMACIA. Estas mujeres viajan por el río Atrato y sus afluentes para dirigir talleres sobre la organización y su historia, así como sobre derechos territoriales y derechos de las mujeres.
Todas las personas de la comunidad son bienvenidas a unirse a dialogar sobre asuntos como la participación política de las mujeres, la propiedad de la tierra y la legislación relevante a estos temas. La comisada María del Socorro Mosquera Pérez, por ejemplo, compuso un alabao para compartir la importancia de la Ley 1257, una ley histórica de 2008 contra la violencia y la discriminación contra las mujeres.
En su historia para el proyecto de narrativas colaborativas Mujeres Pacíficas, que es el centro de mi libro, la comisionada Rubiela Cuesta Córdoba lo dice mejor: “El mejor legado que uno deja a la familia y los amigos es la resistencia”.
Un enfoque del trabajo de estos grupos de mujeres es el propio río Atrato. Desde 2016, el mismo año de los acuerdos de paz, la Corte Constitucional reconoció al río como persona jurídica, con derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración.
El río es una fuente de alimentos y transporte entre muchas comunidades de cuencas donde el agua potable, la electricidad y otros servicios son escasos. Pero también está entrelazado con la política y la espiritualidad. Peregrinaciones como “Atratiando”, un viaje a lo largo del río y sus afluentes que ha tenido lugar varias veces desde 1999, destacan que no hay vida sin el río. Los participantes viajan a través de áreas donde grupos armados, incluyendo paramilitares y guerrilleros están activos, mostrando solidaridad con las comunidades vulnerables.
Las comisionadas de COCOMACIA son parte de muchas otras organizaciones, destacando cómo la supervivencia no solo se entrelaza con tierras y ríos, sino con otras regiones y países. La lucha por los derechos de las mujeres ha llevado a las comisionadas a colaborar con otras organizaciones, creando redes más amplias de atención. Estos incluyen La Red Departamental de Mujeres Chocoanas, una coalición feminista de organizaciones de mujeres en Chocó; La Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento feminista de 300 organizaciones de toda Colombia; y Women in Black, una red antimilitarista con miembros en más de 150 países.
Su solidaridad es un recordatorio de que la paz y la justicia son un esfuerzo colaborativo y cotidiano. Como me dijo en 2012 Justa Germania Mena Córdoba, líder de las comisionadas en ese momento, “Una sola no puede cambiar el mundo”.
Para conmemorar el “Atratiando por la paz” que se llevó a cabo en septiembre de 2016 apoyando el acuerdo de paz y el plebiscito, la Comisión de Género está solicitando aportes para “Canaleando por el río Atrato”. Esta caravana va a seguir el mismo recorrido de hace una década con un recorrido desde Quibdó, Chocó hasta Murindó, Antioquia. Para más información y contribuir: mujerespacificas.org.
*Associate Professor of Latin American Studies and Global Studies, University of Maryland, Baltimore County.
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