Constructora del edificio Aquarela en el centro de Cartagena dice que no fueron notificados de la diligencia de demolición

Este 28 de febrero empezó el movimiento en el centro de Cartagena, para dar inicio a la demolición del edificio Aquarela, que se volvió famoso en el país porque se trata de un asunto de hondo calado, en el que había licencias expedidas e inicio de la construcción con base en lo establecido en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), pero luego empezó la reclamación, por el lado cultural (en cabeza del Ministerio de Cultura), con el alegato de que se trata de una ciudad que es patrimonio histórico por su Centro Histórico, por lo cual se afectaba la declaratoria como tal por parte de la Unesco. Al respecto, los argumentos de los constructores apuntan a que, en el momento de obtener los permisos, los predios no aparecían como zona patrimonial en el Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp).

Lo más reciente que ha ocurrido, en relación con las medidas adoptadas por el Distrito de Cartagena, fue la instalación de un PMU (Puesto de Mando Unificado), instalado con la oficina asesora de gestión del riesgo, para monitorear las labores de demolición de Aquarela.

‘Ni avisados ni es legal el desmonte del edificio’

En respuesta a las acciones adelantadas para el desmonte del proyecto habitacional, los constructores señalan que no fueron avisados, por lo que consideran que la diligencia es arbitraria, toda vez que no hay un fallo legal expedido, sino una serie de procesos abiertos.

“La incursión del Distrito en la obra constituye una actuación contraria al Derecho, dado que, a la fecha, no existe decisión judicial o administrativa en firme que ordene la demolición total de la torre uno del proyecto habitacional Aquarela. Cualquier intervención en la obra por parte de terceros se hace al margen de las normas establecidas”, advirtieron los voceros que construían el proyecto.

En el pronunciamiento, señalan que en la diligencia celebrada (28 de febrero), “la inspectora de Policía no determinó el sustento jurídico de la demolición total del edificio, sino que acudió a la Resolución 001 de 2018 que ordenó la restitución de un área de espacio público presuntamente ocupada por una fracción menor del edificio”.

Hay que recordar que el proyecto Aquearela se planteó –y así fue aprobado, según los constructores– como un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS), sin límite de altura.

En octubre de 2018, un fallo policivo ordenó la restitución de una fracción de espacio público, lo cual “fue adoptado con base en pruebas no idóneas entregadas por Planeación Distrital, desconociendo los estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hechos a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, donde se demostraba que la obra se construía conforme a lo establecido en la Licencia Urbanística”, dijeron los voceros, que recalcan que “la constructora siempre estuvo y sigue estando presta para cumplir dicho fallo”.

La firma de demoliciones

Según el pronunciamiento de los voceros del proyecto habitacional, “de cara a la restitución del espacio público ordenado por el fallo policivo en mención, en noviembre de 2018 la firma Demoliciones Atila Implosión S.A.S., especializada en este tipo de procedimientos, presentó a la constructora una propuesta de intervención para hacer la perfilación del edificio. Atila es la misma firma que ahora se hará cargo del ‘desmonte’ del edificio”, expresan.

El proyecto de vivienda Aquarela tenía prevista la construcción de cinco torres de apartamentos, de entre 42 y 56 metros. 900 familias habían puesto su sueño de adquirir techo en la obra, por lo que serían las grandes perjudicadas.

Esto, sin contar con el impacto sobre la constructora, que sería un daño moral y económico, lo que ya está demandado, confirmaron.