No es solo el Grupo Energía de Bogotá (GEB), también Ecopetrol y Empresas Públicas de Medellín (EPM) figuraron en la lista de empresas interesadas en ISA, la cual fue publicada por Bloomberg.
En respuesta a dicho informe, el GEB emitió su pronunciamiento, a través de la sección de información relevante de la Superintendencia Financiera, en la que señala que sus estrategias de crecimiento en el sector de transmisión de electricidad siempre son permanentes.
Anotó que con este segmento de inversiones tiene presencia en Guatemala, Perú, Colombia y Brasil, y que de manera permanente evalúa nuevas oportunidades, tanto en Colombia como en el exterior.
Subrayó que ISA es una compañía con los más altos estándares técnicos, financieros y de gobierno corporativo en la región y una de las principales multilatinas del país.
Por esa razón, destacó que “mantener la propiedad pública colombiana de una compañía estratégica como ISA, al tiempo que proveer significativos recursos a la Nación, sería un resultado altamente favorable para el país”.
En ese sentido, indicó que, “en cuanto se presenten hechos de importancia respecto a las diversas oportunidades de inversión en constante revisión por parte de GEB, se informarán debidamente al mercado”.
Hay que recordar que el Gobierno tiene el 51,41 % de participación en ISA, a través del Ministerio de Hacienda.
En términos del número de acciones, esta porción equivale a 569,4 millones de títulos. Durante esta semana, la acción unitaria se cotizó en $ 26.000 y registró un máximo histórico.
De mantenerse ese precio en promedio, la venta accionaria permitiría recaudar al menos 14 billones de pesos.
Tema polémico
La venta de participaciones accionarias del Estado en empresas donde el Estado tenga menos del 50 % está aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, cada vez que se menciona a ISA, la polémica no se hace esperar, pues esta compañía es considerada como una de las joyas de la corona.
En todo caso, de evolucionar una venta, la experiencia indica que estos procesos son demorados y requieren de al menos 2 años para evacuar todos los trámites que implica.
Por lo tanto, expertos prevén que los recursos por una posible enajenación de ISA o cualquier otra compañía de gran tamaño apenas llegarían en 2023, es decir, cuando haya un nuevo mandatario en el país.
De allí que el Gobierno tenga en mente realizar las privatizaciones de empresas en las que tengan pequeñas participaciones, por cuenta del mecanismo exprés que se creó en el PND.