Son varias ya las entidades del Estado que estarían en aprietos porque la vinculación de contratistas en el sector público no se estaría haciendo efectiva debido al freno de mano que se ha instalado en el Palacio de Nariño, lo que ha causado una situación crítica en entidades como la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), que dependen casi en su totalidad del trabajo de este tipo de servidores.
Ya algunos servidores de los ministerios de Minas y de Salud habían alzado la mano para mencionar lo que estaba sucediendo, cuando prácticamente termina el primer mes del año y no hay manera de avanzar en las tareas misionales de las entidades. Pero ahora, se conoce el caso de la ANI, en que habría al menos 600 contratos detenidos, sin que se logre la firma necesaria para dejar en firme el contrato de prestación de servicios del implicado, teniendo en cuenta que los decretos ahora necesitarían la rúbrica del presidente Gustavo Petro.
Reforma laboral restringe contratos
Hay que recordar que en el país se tramita una reforma laboral que incluye cierta restricción a la contratación de personal por prestación de servicios, lo que se propuso para acabar con la perversidad que implica tener ciudadanos que llevan años con contratos que se renuevan cada seis meses, lo que da la señal de que la necesidad de su fuerza laboral no sería transitoria, sino más permanente. Además, con dicha reforma se argumenta que el Gobierno buscaría reducir la precariedad del empleo.
Más allá de ello, habría asuntos presupuestales en la situación que se presenta con los contratos de prestación de servicio, pues hay rubros que tienen destinación específica (para contratar personal) y, de hecho, manejan una bolsa de dinero específica, y el mandatario de los colombianos no estaría de acuerdo con ello.
En consecuencia, la lentitud se ha apoderado de la contratación. A los colombianos que les renuevan el contrato cada seis meses, quienes por demás quedan en el aire desde diciembre, habrían pasado de agache también en el mes de enero (sin renovación de contrato aún). “El proceso es ahora más lento”, dijo una fuente.
Lo cierto es que, en entidades como la ANI no han podido contratar personal jurídico, por ejemplo, el cual es clave para el adecuado desenvolvimiento de las labores de una agencia de infraestructura que maneja el tema de concesiones viales. También tendría grandes repercusiones en la misión de la entidad el hecho de no poder contratar personal en el área de estructuración de proyectos, para mencionar sólo unos casos.
Finalmente, no deja de resultar curioso que se frene la contratación pública en un momento en el que el Gobierno tendría interés en un plan de choque para poner a andar las locomotoras que mueven la economía. Y, sin la fuerza laboral necesaria, no hay dinámica en las actividades productivas.
