En Colombia, más de 15,2 millones de personas se reconocen como campesinas, cerca del 30 % de la población nacional, según cifras del Dane. La agricultura campesina, familiar y comunitaria aporta entre 40 % y 70 % de los alimentos que se consumen en el país, sosteniendo la seguridad alimentaria de millones de hogares.
Pese a esta contribución, miles de pequeños productores rurales ― aseguran ― enfrentan dos barreras que los mantienen trabajando a pérdida: por un lado, “no pueden transformar ni comercializar legalmente sus productos debido a exigencias sanitarias pensadas para grandes industrias”; por otro, “el aumento en avalúos derivados del catastro multipropósito incrementa la carga tributaria sobre predios rurales pequeños, afectando directamente su punto de equilibrio”.
Ante este panorama, el empresario y candidato al Senado de la República Jorge Lozano, experto en desarrollo rural y procesos productivos locales, propone la creación de un “Invima campesino”, una ventanilla especial con requisitos adaptados para que los pequeños productores puedan transformar alimentos desde sus fincas, plazas de mercado y municipios rurales, con registros sanitarios simplificados y proporcionales a su escala.
“Hoy, el campesino puede sembrar, pero no puede transformar. Y ahora, además, le suben el avalúo de la finca como si fuera un gran productor. Está atrapado entre reglas que no fueron hechas para él”, señaló Lozano.
La propuesta contempla registros sanitarios de baja escala, procesos aplicables desde fincas y plazas de mercado en municipios de sexta categoría, reducción de tiempos y costos sin sacrificar la inocuidad, y acceso a mercados formales.
Además, Lozano advierte que la actualización de avalúos rurales sin diferenciar entre pequeños y grandes productores genera competencia desigual. “Si el pequeño productor paga impuestos como grande, pero vende como pequeño, nunca va a encontrar su punto de equilibrio. Eso lo saca del mercado y termina concentrando la tierra y la producción”, indicó.
El experto busca poner este planteamiento en discusión ante los próximos legisladores para adaptar la regulación sanitaria y fiscal a la realidad del pequeño productor y fortalecer la transformación a pequeña escala como herramienta de desarrollo rural.