El Gobierno Nacional emitió el Decreto 0182 de 2026, por el cual se realiza una serie de modificaciones al sistema de salud colombiano, específicamente cómo se organizan y distribuyen las operaciones en los territorios.
“Por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 y se modifican los artículos 2.1.11.1, 2.1.11.2, 2.1.11.3, 2.1.11.11 y 2.5.2.3.5.2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en lo relacionado con la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional, y se dictan otras disposiciones”, señala el decreto.
El otro punto es cómo se distribuirá a los pacientes, según la densidad poblacional atendida. Ahora se medirá el número de personas que tengan que acceder al servicio y, según este ítem, se tendrá la participación de cada una de las prestadoras de salud.
Esto puede generar que las mismas tengan que salir de algunas poblaciones por no tener el número de usuarios necesarios para recibir los recursos de su operación.
Además, el decreto establece que es responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud autorizar como Entidad Promotora de Salud (EPS) a la entidad de carácter público, privado o mixto que satisfaga los requisitos establecidos para tal fin, además de desempeñar las tareas de inspección, supervisión y control sobre estas, y revocar o suspender el certificado de autorización concedido, a través de una resolución debidamente motivada.
Frente a estas modificaciones, algunos actores del sector salud han emitido pronunciamientos.
En primer lugar, Médicos de Colombia señala que una de las principales modificaciones será la prohibición para las EPS de operar con participaciones marginales de menos del 3 % en municipios y departamentos. Así, de acuerdo con el gremio, las EPS con baja escala poblacional deberán salir, aun cuando estén habilitadas técnicamente.

“Se reduce drásticamente la competencia formal, priorizando sostenibilidad y continuidad sobre el libre mercado. La mayoría de pacientes van para Nueva EPS, que es una mera fachada porque no funciona en la práctica”, señala Médicos de Colombia.
Salió el decreto 182: “Proyecto de territorializacion del aseguramiento ajustes poblcionales y reducción de EPS o ajustes en territorios”.
— MEDICOS DE COLOMBIA (@PROMEDICOS) February 26, 2026
Se prohíbe operar con participaciones marginales (<3%) en municipios y departamentos. EPS con baja escala poblacional deben salir aun cuando… pic.twitter.com/kBazIbUC6E
Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) señala que el principal efecto es la redistribución de la población entre las EPS, bajo nuevos criterios de habilitación territorial.
Con las nuevas normas de aseguramiento, las EPS pueden operar solamente en los territorios donde cumplan porcentualmente con el número de afiliados requeridos.

Acemi indica que el actual decreto reproduce casi de manera idéntica el que fue suspendido por el Consejo de Estado en octubre de 2025, por lo cual presenta una serie de reparos.
Comunicado Oficial
— ACEMI (@acemi_gremio) February 26, 2026
La expedición del decreto 0182 de 2026 por el cual se modifican las reglas para la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional plantea serios desafíos para la operación del sistema de salud. pic.twitter.com/ZS2KflFTbg
En primer lugar, señala que la Nueva EPS, que hoy tiene 11,5 millones de afiliados, recibiría 2,6 millones de nuevos afiliados, es decir, tendrá un incremento del 22,6 %.
“La territorialización del aseguramiento es razonable bajo criterios de eficiencia y capacidad de atención a la población. No obstante, esta, que es una modificación estructural a las reglas de operación del sistema, solo puede tramitarse por ley”, destaca Acemi.
En cuanto a otras EPS del país, la asociación señala que las EPS intervenidas tendrán incrementos cercanos al 40 % en el número de usuarios.
En el caso de las EPS agremiadas en Acemi que no tienen una medida de intervención, calculan que perderán más de 800.000 usuarios, según estimaciones del gremio.
“El sistema de salud requiere medidas urgentes de estabilización. Hay que detener el sufrimiento de miles de pacientes y familias que hoy no están siendo atendidas. Hay que prevenir un daño mayor. El decreto expedido en las condiciones actuales profundiza la crisis y expone a las EPS a un riesgo operativo mayor que las puede llevar al colapso. Las entidades intervenidas no están preparadas, ni operativa ni financieramente, para recibir más usuarios”, puntualiza Acemi.
