Este 23 de enero, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, se pronunció tras un proyecto de decreto que se estaría adelantando en el país. Se trata de una iniciativa que buscaría modificar los servicios de giros postales en Colombia, pues la nueva normativa permitiría a los operadores de servicios postales de pago captar recursos del público sin el rigor que esta actividad exige.
El gremio advirtió que este decreto abriría la puerta para que los operadores, que no están bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Economía Solidaria, pudieran realizar actividades propias del sector financiero.
El decreto habilitaría la captación de dinero a través de cuentas postales, lo que a su vez generaría un vacío legal relevante.
“Lo anterior genera, además, un arbitraje regulatorio, pues los requerimientos para esta nueva actividad serían más laxos en materia de gestión de riesgos, adopción de medidas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, e intervención oportuna ante eventuales contingencias”, detalló Asobancaria.
Además, señaló que, en ausencia de una supervisión adecuada, el riesgo ahora recaería sobre el ciudadano. Si se expide el decreto en los términos actuales, las cuentas postales no contarían con seguro de depósito y los operadores no tendrían requerimientos patrimoniales equivalentes a los exigidos a las entidades financieras, lo que incrementaría el riesgo de pérdida de los recursos de los usuarios.
Por su parte, también expusieron la opinión del Banco de la República, según la cual esta iniciativa puede afectar el desarrollo de los pagos inmediatos en el país, en particular el avance de Bre-B, pues fragmenta el ecosistema y estimula el uso de efectivo.
“Esto no solo distorsiona la competencia, sino que debilita la confianza del público en el ecosistema financiero. La Superintendencia Financiera, por su parte, comparte la preocupación de la Asociación frente a la gestión de riesgos de liquidez, operacionales y lavado de activos. Solicitamos respetuosamente al Gobierno nacional que se abstenga de expedir este decreto, por la inconveniencia del mismo para el país”, indicó.
