La situación del sector de hidrocarburos en el país ha encendido las alarmas, con la pérdida de autosuficiencia energética, reducciones en las reservas de petróleo y gas, en un contexto en el que el Gobierno anterior decidió no realizar nuevos contratos de exploración ni avanzar en el fracking.
La mayor preocupación viene del lado del gas. Ya el país está importando más del 30 por ciento de la demanda nacional y las reservas probadas han venido disminuyendo y hoy representan cerca de 5,9 años de autonomía, según el Libro de la verdad, que presentó el Gobierno De La Espriella, ante un déficit en aumento, situación que se agravaría por una mayor generación térmica durante el fenómeno de El Niño.
Como advierte Manuel Gómez, socio de Cuatrecasas, es imperativo darle un vuelco a lo que ha sido el sector de hidrocarburos en los últimos cuatro años. Para él, esto pasa por reactivar la asignación de áreas, tomar medidas para desentrabar proyectos off-shore (incluyendo retos ambientales y de consulta previa), resolver el problema de desabastecimiento creado por la crisis de Canacol, solucionar los retos tarifarios y de expansión del Sistema Nacional de Transporte de Gas, eliminar los cuellos de botella de los proyectos de importación y regasificación de gas natural, reactivar la exploración y producción de yacimientos no convencionales (fracking) y proteger las inversiones mediante regímenes como los de estabilidad jurídica.
Para Juan Carlos Padilla, director de la práctica de Minería, Petróleo y Gas de Brigard Urrutia, se debe articular una política de reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos, combinada con desregulación en materia de comercialización de gas natural que permita viabilizar una mayor producción de petróleo y gas para lograr una soberanía energética estable y duradera. Coincide con la necesidad de agilizar los trámites de consultas previas y ambientales para proyectos existentes, clave para el desarrollo de reservas.
Insiste en retomar la explotación de yacimientos no convencionales con acompañamiento de las autoridades para obtener pronto los resultados de los pilotos. “Si bien el marco regulatorio que permite adelantar Proyectos Piloto de Investigación Integral continúa vigente, los proyectos desarrollados bajo este esquema enfrentaron suspensiones y procesos judiciales que impidieron su ejecución. Por lo tanto, un acompañamiento técnico permitirá desarrollar esta tecnología de manera segura y amigable con el ambiente”, dice Padilla.
En este sentido, vienen tareas clave. Como destacan Johanna Cajigas y Lucas Arboleda, socios de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (MQMGL&D), un reto enorme para el nuevo gobierno estará dado por la confiabilidad en materia de gas que permita garantizar la atención de la oferta nacional. “Las decisiones urgentes serán fundamentales”, dicen y resaltan contar con una regulación que permita la incorporación efectiva del gas proveniente de las importaciones, en especial frente al riesgo que produce el fenómeno de El Niño. Para el mediano plazo, afirman que es clave el impulso de fuentes locales que contrarreste la pérdida de autosuficiencia energética. “Esto implica ajustes profundos, como retomar la firma de nuevos contratos de exploración y producción, garantizar la estabilidad jurídica y fiscal a largo plazo, optimizar los procesos de licenciamiento y consulta previa, y activar el desarrollo de recursos estratégicos como los yacimientos no convencionales (YNC) y los proyectos offshore”.
Algunos analistas gremiales han advertido que, si no entran al menos dos regasificadoras antes de acabar el año, la situación del gas a nivel nacional se aprieta. “Los proyectos de regasificación requieren de seguir profundizando la flexibilidad de esquemas contractuales como el contrato firme sujeto a condiciones, de facilitar las condiciones impuestas para la construcción y operación de gasoductos de conexión y de crear los incentivos o realizar las convocatorias para el desarrollo de la infraestructura necesaria”, dice Gómez, de Cuatrecasas.
Por su parte, Padilla asegura que el sector del gas natural necesita bajar su carga regulatoria y los agentes en toda la cadena necesitan mayor flexibilidad para poder tomar las decisiones de inversión necesarias para asegurar el desarrollo del sector. “En el caso de la importación de gas natural, la flexibilización de la comercialización de gas natural en el mercado colombiano y en las condiciones contractuales que no coinciden con los términos del mercado internacional son elementos indispensables para dinamizar este proceso necesario para garantizar estabilidad en la canasta energética colombiana”, agrega.
Para los voceros de MQMGL&D, los proyectos de importación de gas natural enfrentan problemas en la colocación de los volúmenes en el mercado local, como consecuencia de las dificultades para trasladar las condiciones comerciales y contractuales del mercado internacional en los contratos locales. Por ello, el principal reto es “armonizar las dinámicas de contratación del mercado internacional que operan bajo lógicas de mayor libertad comercial y contractual vis a vis un esquema colombiano altamente regulado en materia contractual y en materia de procedimientos para comercializar el gas comprado en los mercados internacionales”.
Y desde MQMGL&D agregan que, para reactivar los contratos de exploración, es fundamental abordar varios factores jurídicos clave: la agilidad y predictibilidad de los trámites administrativos para levantar suspensiones, la flexibilidad en los términos y plazos contractuales y una institucionalidad pública que sea coordinada y eficaz. “La magnitud del reto es significativa: a febrero de 2026, de los 355 contratos y convenios de hidrocarburos vigentes en el país, 24 están suspendidos por imposibilidad de operar y 37 más se encuentran en trámite de terminación”, dicen Cajigas y Arboleda.
Los abogados consultados coinciden en las posibilidades de modificar las condiciones de los contratos vigentes para incentivar la inversión incremental a través de beneficios a la exploración voluntaria, ajustes al esquema de regalías y la extensión de su vigencia hasta el límite económico; y superar las barreras ambientales, sociales y regulatorias que mantienen varios contratos suspendidos.
Sin embargo, como anticipan desde MQMGL&D, la viabilidad de estas soluciones enfrenta retos significativos, como la complejidad y los largos tiempos de los trámites burocráticos, la persistencia de la conflictividad social y los problemas de orden público.