La situación del comercio exterior en Colombia pasa por escenarios de corto plazo, pero también por las alertas que se han encendido sobre el papel que está cumpliendo el país en la economía.
Como señala Marín Gustavo Ibarra, socio presidente de Araújo Ibarra, Colombia ha perdido espacio en el comercio exterior. “Hoy el mundo exporta 3.250 dólares por habitante; Colombia está en 950. Veníamos mal y estamos peor”, advierte, y da un dato preocupante: “No hemos traído ningún negocio nuevo en 35 años de más de mil millones de dólares al año”.
En ese sentido, él, como miembro de la Cámara de Servicios Legales de la Andi, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la Corporación Excelencia de la Justicia y la Fundación para el Estado del Derecho, trabaja en el diseño de una propuesta para presentarle al Gobierno de Abelardo De La Espriella, sobre los ajustes necesarios para, como dice Ibarra, tener “el mejor derecho que requerimos” para los nuevos negocios que Colombia necesita traer.
“Hoy no tenemos el concepto de competitividad legal. Este es el movimiento más importante reciente en la historia del derecho en el país para hacer un upgrade para que Colombia tenga una de las mejores legislaciones de América Latina”, señala Ibarra.
En el entretanto, la llegada del nuevo Gobierno ha suscitado importantes ajustes en materia de comercio exterior en cuatro frentes, principalmente: Israel, Estados Unidos, China y Venezuela.
En el primero de ellos, el pasado fin de semana se conoció el decreto con el que el Gobierno hizo oficial la reactivación de las exportaciones de carbón a Israel, tras la decisión de la Administración Petro de suspenderlas.
Las restricciones a las exportaciones de carbón hacia Israel fueron adoptadas mediante decretos del Gobierno nacional y, por lo tanto, pueden ser modificadas, suspendidas o derogadas por la nueva administración.
Como explica José Francisco Mafla, socio de Brigard Urrutia, en el plano judicial interno, el decreto había sido demandado ante el Consejo de Estado, proceso que se encuentra activo, pero sin una decisión de fondo. Antes de conocerse la decisión del Gobierno, el abogado había advertido: “El escenario más probable es que el nuevo gobierno derogue los decretos, lo que además despejaría los procesos ante el Consejo de Estado por sustracción de materia y reabriría el mercado carbonero israelí”.
Pero otros casos no tienen, aún, una solución inmediata. Poco antes de terminar el mandato del presidente Gustavo Petro, la Casa Blanca aumentó los aranceles, al 12,5 por ciento, a algunos productos en Colombia, entre los que quedó muy golpeado el sector floricultor, como una medida contra los países que no cuentan con medidas que prohíban las importaciones con trabajo forzoso.
“Si bien la administración saliente dio los primeros pasos con un proyecto regulatorio orientado a identificar riesgos de trabajo forzoso en las cadenas de suministro, la prioridad ahora debe ser adoptar medidas más efectivas y verificables, similares a las existentes en países como Perú, donde se han establecido mecanismos concretos para restringir el comercio de bienes vinculados a trabajo forzoso. Más que nuevas declaraciones, Estados Unidos espera resultados demostrables en materia de trazabilidad, debida diligencia y control”, señala Juan David López, socio de Baker McKenzie”.
Pero, como advierte Mafla, desde el punto de vista jurídico, además del arancel ya impuesto, debe tenerse en cuenta que existen investigaciones en curso en Estados Unidos que podrían derivar en medidas adicionales, a razón de la Sección 301. “Por eso, el reto para el nuevo Gobierno no es solo reaccionar frente al arancel vigente, sino participar activamente en los espacios institucionales que permitan explicar la situación colombiana y buscar que las medidas sean revisadas o, eventualmente, desmontadas”.
En ese sentido, se conoció que los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos estudian los detalles de un acuerdo comercial recíproco, como el que adelantó la Casa Blanca con Argentina, El Salvador y Guatemala. La idea es realizar una negociación rápida para que entre el 90 y 93 por ciento de los productos colombianos que llegan al mercado estadounidense no tengan aranceles.
En el caso de China, la situación está relacionada con la incorporación de Colombia a la Ruta de la Seda, que se dio en el Gobierno Petro, pero que ahora bajo el mandato de De La Espriella chocaría, pues habrá una mayor alineación con Estados Unidos. De hecho, el embajador nominado de Estados Unidos en Colombia, Nate Morris, señaló ante el Senado estadounidense que el Gobierno colombiano habría manifestado su compromiso de retirar al país de esa iniciativa china.
Como explica López, la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta no constituye un tratado de libre comercio ni genera obligaciones comerciales automáticas. Sin embargo, sí abre la puerta a proyectos de infraestructura, cooperación tecnológica e inversión que exigirán reglas claras en contratación pública, competencia, protección de datos, propiedad intelectual y solución de controversias. “El principal reto jurídico será administrar la creciente relación con China sin generar incompatibilidades con los compromisos asumidos frente a otros socios estratégicos, particularmente Estados Unidos”, afirma.
En ese mismo sentido se pronuncia Mafla. Para él, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la salida no tendría las mismas implicaciones que la denuncia de un tratado internacional. “El análisis deberá concentrarse más bien en los proyectos, instrumentos de cooperación o compromisos concretos que se hayan desarrollado a partir de ese Plan y en los efectos que una modificación de la política de acercamiento a China pueda tener sobre ellos”, dijo, y agregó que el desafío para el nuevo Gobierno será “administrar jurídicamente esa transición sin desconocer los posibles compromisos que sí tengan efectos legales y, al mismo tiempo, definir el alcance de la nueva política frente a China”.
Finalmente, el nuevo panorama de Venezuela genera expectativas. Ibarra subraya que el único acuerdo que se celebró en el pasado gobierno fue el de protección de inversión con Venezuela. “Está vigente y le da a Colombia un plus”, señala, pues ahora que Venezuela se va a abrir, quien haga negocios en el vecino país desde Colombia “automáticamente tendrá protegida su inversión al amparo de este acuerdo”.
Como concluye López, el principal desafío para el nuevo Gobierno será equilibrar soberanía regulatoria y seguridad jurídica.