Para la banca comercial, uno de los sectores que tradicionalmente registra mayores utilidades dentro de la economía, el terremoto ocurrido en Colombia, que dejó afectaciones que requerirán recursos por unos 30 billones de pesos, llevó a activar un amplio plan de alivios financieros dirigido a las zonas más golpeadas.
El nivel de los daños difícilmente podrá ser asumido solo por el Estado, menos aún en medio de una crisis fiscal que el nuevo Gobierno considera más profunda de lo previsto. La reconstrucción exigirá recursos públicos, crédito bancario, financiación multilateral y aportes privados.
El reto es enorme: hay 195.000 viviendas destruidas o averiadas, 351 centros de salud, 3.579 establecimientos educativos, 4.611 centros comunitarios, 435 vías, 111 acueductos, 69 puentes vehiculares, 14 peatonales y cinco aeropuertos afectados.
En ese escenario, el crédito tendrá un papel central. Por ello, la tragedia fue uno de los ejes centrales de la 60.ª Convención de Asobancaria, en la que se reunieron representantes de los sectores financiero, político y académico para abordar los pormenores del desafío coyuntural.
Una de las primeras respuestas, que además refleja la interlocución entre la banca y el Gobierno de Abelardo De La Espriella, fue el paquete de alivios financieros acordado antes del encuentro anual de Asobancaria. El presidente del gremio, Jonathan Malagón, explicó sus alcances, aunque mantuvo la preocupación del sector por un gasto público que parece haber agotado su margen de expansión.
Los alivios contemplan periodos de gracia de hasta 12 meses para los deudores afectados, previa evaluación de cada caso; la redefinición de plazos y condiciones de los créditos; la refinanciación de intereses, bajo instrucciones de la Superintendencia Financiera; y la protección temporal frente a reportes negativos en centrales de riesgo ante la imposibilidad de pago.
A estas medidas se suma una tasa de interés del 8 por ciento para créditos de vivienda, que Malagón contrastó con el costo de financiamiento del Gobierno colombiano, situado entre 11,5 y 12 por ciento.
También se requieren líneas de crédito para empresarios y trabajadores independientes, pues Confecámaras hizo un sondeo entre casi 26.000 empresas afectadas en la zona del desastre y el 43 por ciento ni siquiera podía continuar con su operación.
En suma, serían unos 2,8 millones de usuarios que podrían recibir los beneficios activados por la banca comercial en un momento en el que el sector también ha entrado en el engranaje de la solidaridad.
Sin embargo, más allá de la tragedia, que implicará una mayor demanda de crédito, el sector financiero mantiene su preocupación por el deterioro de las finanzas públicas y la necesidad de reducir el gasto. Ese ajuste, sin embargo, no podrá darse de inmediato, como quedó en evidencia con el nuevo proyecto de presupuesto para 2027 presentado por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso y defendido por el ministro Miguel Gómez como un ejercicio de sinceramiento de las cuentas.
La propuesta asciende a 635 billones de pesos, una cifra superior en 60 billones a la del proyecto que el Congreso devolvió para que efectuaran los ajustes pertinentes y que había sido presentado por el Gobierno saliente.
Con ello, el déficit fiscal ya no sería de 4,5 por ciento del producto interno bruto, como estaba estimado en el proyecto presupuestal anterior, sino de alrededor de 9,4 por ciento, lo que inevitablemente seguirá aporreando las posibilidades de enderezar el rumbo del crecimiento. A ese tema se refirió el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien relacionó el bajo precio del dólar con el fuerte déficit fiscal. La combinación termina convirtiéndose en un castillo de naipes que repercute sobre toda la economía: el Banco de la República debe contener la inflación con tasas de interés elevadas, que a su vez atraen capitales en dólares. Esa mayor entrada de divisas presiona a la baja la tasa de cambio y favorece la revaluación del peso, que en lo corrido del año acumula una valorización cercana al 18 por ciento.
Del efecto de esa circunstancia no escapa nadie. Para unos es positivo: el consumidor y los productores compran importados más baratos, lo que suaviza la presión inflacionaria. No obstante, para otros, como el sector exportador, es altamente contraproducente: les resta competitividad. “Paradójicamente, una mayor inflación haría que la tasa de cambio real se redujera aún más”, aseguró Villar.
De hecho, voceros del sector financiero sienten la fricción en muchos de sus usuarios. Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest-Bancolombia, indicó que desde su entidad evidencian que el dólar bajo está causando serias dificultades, por lo que mencionó como “deseable” que la divisa tenga un repunte y que permita que los exportadores al menos logren un margen de ingresos positivo.
La banca, en general, está pidiendo un Estado más eficiente y unas cuentas fiscales sinceras y sostenibles que devuelvan la confianza al sector privado en general.
Javier Suárez, presidente de Davivienda, insistió en el crecimiento como la fórmula para corregir el desajuste de la economía, entendiendo que a corto plazo se requiere un fuerte ajuste fiscal. “El gota a gota no puede ser la opción de financiamiento por las tasas descomunales de interés y sus implicaciones sociales. Hoy, el 52 por ciento de colombianos tienen acceso a crédito formal y la aspiración es llegar al 75 por ciento en el cuatrienio”.
Aun con tantos nubarrones en el escenario, porque no parece haber señales de que prontamente se enderezará el rumbo de la inflación (el Banco de la República estima que solo se llegará al 3 por ciento en 2028), los banqueros tienen cifradas sus esperanzas en el nuevo Gobierno. En su mensaje por los 90 años de Asobancaria, Malagón se refirió al momento como una “nueva etapa” y dijo que están dispuestos a trabajar de la mano con lo público. Mientras que Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, dijo que sumando un ajuste fiscal ordenado al respaldo del Fondo Monetario Internacional y la apuesta por un desarrollo regional, como lo tiene previsto el nuevo Gobierno, pueden llevar a Colombia a una década de expansión.
La ruta no está despejada. Rodrigo Valdés, director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, enfatizó que implementar la consolidación fiscal, producto del deterioro fiscal que ha tenido la nación en los últimos años, es algo clave. De lo contrario, seguirá reflejándose en el aumento de tasas de interés, que son un freno general. Puso el foco en la deuda, porque hoy los mercados son menos pacientes para recibir esas señales. “El país lleva tiempo con tendencia de aumento de deuda. Desde 2007 la subió en 20 puntos. Si Colombia mantiene el déficit primario actual, se va a acercar al 80 por ciento del PIB al final de esta década, rompiendo pronto –hacia 2028– el techo de la regla fiscal. Si hace un ajuste de 4 puntos en dos o tres años, es posible estabilizar la deuda al 60 por ciento, nivel que aún no es tan recomendado para un país emergente”.
Los bancos son una pieza esencial del engranaje necesario para que la economía florezca, pues impulsan la compra de vivienda, la expansión de los negocios y las oportunidades; pero siguen en medio del debate alrededor de una amplia distancia entre sus utilidades y la tributación que aportan al país. Como actividad económica, tienen un impuesto de renta que, en general, es del 35 por ciento desde la pandemia, con una sobretasa adicional del 5 por ciento, aunque hay estimativos de que la tasa efectiva en 2024 era de entre 24 y 28 por ciento. Para 2025, J. P. Morgan la calculó en 38 por ciento. Y en 2026, fueron gravados con un impuesto al patrimonio de 1,6 por ciento, diferencial al 0,50 por ciento para el resto de personas jurídicas.
Por ello, Malagón se refirió a las expectativas del sector frente a la reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda presentará al Congreso. Aunque reconoció la necesidad de avanzar en una consolidación fiscal, señaló que esperan que la mayor parte del ajuste provenga del recorte del gasto y no de nuevos impuestos, pues considera que las tasas impositivas en Colombia ya “son altísimas”. Las señales que envíe el Ejecutivo en esa dirección serán determinantes.