Al igual que sucede con el gas natural, el que se distribuye en cilindros o pimpinas (gas licuado de petróleo, GLP) también es subsidiado con plata pública en algunas zonas del país y en los estratos 1 y 2, que son los mayores usuarios de este servicio, pues, a veces, para esos hogares vulnerables es la herramienta principal de su actividad económica.
De la misma manera en que el Estado adeuda a las empresas que comercializan el gas natural, también con el GLP está colgado y poniendo en riesgo la prestación del servicio.
Todo porque la manera en que funciona el subsidio al gas en cilindros requiere del cumplimiento del compromiso de pago. De lo contrario, las distribuidoras van abriendo hueco en la bolsa de recursos para volver a adquirir el energético y volver a llevarlo al usuario.
Así las cosas, las empresas venden el gas a hogares vulnerables (estratos 1 y 2 y comunidades indígenas que están asentadas en ciertos departamentos donde, por norma, aplica el subsidio).
La expectativa de los distribuidores es que el Gobierno les reconocerá los recursos que pusieron al cobrar menos a la población beneficiaria de subsidios. Sin embargo, se ha vuelto recurrente, en medio de una situación de escasez de ingresos públicos y crisis fiscal, que el giro se demore, por lo cual, en la práctica, es la empresa privada la que está financiando lo que debería ser cubierto con dinero estatal.
¿Cuánto les deben?
Según las cuentas que tiene Gasnova, gremio del GLP, en la actualidad el Gobierno debe a las distribuidoras cinco meses de subsidios al gas en cilindros.
La suma pendiente asciende a $ 45 mil millones, según el vocero de Gasnova, Alejandro Martínez.
Como en otros pagos pendientes, la demora está en el Ministerio de Hacienda, pues del de Minas ya salieron las resoluciones de pago, hasta febrero, pero de la entidad que dirige Germán Ávila no han salido los recursos, afirmó Martínez.
Hay que recordar que Gasnova, además de representar el 78 % del mercado de GLP, también representa a las compañías que llevan gas a través de redes de distribución. En ese sentido, según las estadísticas del gremio, la deuda por ese componente sería de $ 36 mil millones correspondientes a seis meses (último trimestre de 2025 y primer trimestre de 2026).
628 toneladas de gas GLP entran por Ecuador para Nariño. Logramos atender así la demanda. En conversación con el presidente Lasso del Ecuador. Agradezco su plena colaboración. pic.twitter.com/WE10nXdhgU
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 24, 2023
Y eso que en 2025 el Gobierno hizo pagos parciales de subsidios de energía y gas, incluyendo los de GLP. Pero cuando la solución no es estructural, la deuda vuelve y crece, ya que los apoyos no se detienen. En consecuencia, las cifras se mueven, en parte, porque también aumenta la demanda de este energético que es usado por el ciudadano que pone un puesto de empanadas en el espacio público, o el hogar que evoluciona de la leña al cilindro de gas. De ahí que el gas licuado de petróleo, conformado por varios hidrocarburos livianos, entre ellos propano y butano, esté con demanda en ascenso, junto con el biogás.
Con todo ello, los precios en 2026 se mantienen en niveles similares a los del último trimestre de 2025, según confirma Martínez.
De esa manera, el mensaje acerca del riesgo de apagón financiero que han enviado las empresas de energía y de gas natural también aplicaría en el caso del GLP, que se suma a los preocupados con las demoras en los giros desde el Estado y que, en general, se quedan atascados es en el trámite en el Ministerio de Hacienda. Mientras tanto, queda pendiente por resolver el interrogante: ¿cuánto cuesta financieramente a las empresas “prestar” -obligadamente- plata al Gobierno? Tales costos no son solo por la cartera pendiente, sino porque reducen la disponibilidad de recursos para inversión.