La expedición del Decreto 0526 de 2026 por parte del Gobierno Nacional generó preocupación en el departamento del Cauca, donde autoridades y la Compañía Energética de Occidente (CEO) advierten que la medida podría traducirse en un incremento de hasta el 30 % en las facturas de energía para miles de hogares de bajos ingresos, las comunidades rurales y las zonas históricamente golpeadas por la violencia, la pobreza y el abandono estatal.
El cambio normativo modifica la destinación de los recursos del Fondo de Energía Social (FOES), mecanismo que durante años ha subsidiado el servicio de electricidad para comunidades vulnerables. Según CEO, el decreto eliminará, a partir del 1.º de junio de 2027, el esquema de facturación comunitaria en las Áreas Rurales de Menor Desarrollo (ARMD) y las Zonas de Difícil Gestión (ZDG), una decisión que tendría un impacto directo sobre cerca de 178.000 usuarios del Cauca.
Las Áreas Rurales de Menor Desarrollo corresponden a territorios que presentan altos índices de necesidades básicas insatisfechas, mientras que las Zonas de Difícil Gestión son aquellas donde la prestación del servicio enfrenta pérdidas de energía superiores al 40 % y elevados niveles de cartera vencida. En ambos casos, la mayoría de los usuarios pertenece a los estratos 1 y 2.
Para la empresa distribuidora de energía, la decisión desconoce las condiciones económicas y sociales de estas comunidades, caracterizadas por altos niveles de pobreza y dificultades para acceder a servicios públicos en igualdad de condiciones.
En cuanto a esto, Armando José Cuello Navarro, Gerente General de CEO, explica que “Resulta inadmisible que sean precisamente las comunidades más vulnerables las que terminen financiando las consecuencias de una modificación normativa que debió protegerlas y no exponerlas a mayores cargas económicas, afectando la tranquilidad de una familia, la sostenibilidad de un pequeño negocio y la confianza de una comunidad. Nuestro llamado es a construir soluciones que escuchen el territorio”
La compañía estima que el impacto económico iría más allá de los usuarios que perderían el beneficio de manera directa. Según sus proyecciones, el resto de consumidores del departamento también podría verse afectado indirectamente por los cambios introducidos en el esquema de subsidios.
En un departamento donde buena parte de la población enfrenta limitaciones económicas, un incremento en el costo del servicio de energía reduciría la capacidad de los hogares para destinar recursos a otros gastos esenciales, como alimentación, educación y transporte, señala la empresa.
Ante este panorama, CEO hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar el alcance del Decreto 0526 de 2026 y evaluar medidas diferenciales para el Cauca que permitan mantener la protección a las comunidades más vulnerables. La empresa sostiene que el Fondo de Energía Social debe conservar su objetivo principal: facilitar el acceso al servicio de energía mediante esquemas que respondan a las condiciones particulares de los territorios con mayores niveles de pobreza y dificultades para la prestación del servicio.