El Consejo de Estado tumbó el recurso que interpuso Empresas Públicas de Medellín (EPM) contra el millonario laudo que inició Hidroituango por los incumplimientos contractuales que se presentaron en el proyecto.
Con esa decisión, el alto tribunal dejó en firme la cláusula de más de 780.000 millones de pesos que EPM le deberá pagar al proyecto de la hidroeléctrica de Ituango por los incumplimientos.
Empresas Públicas de Medellín radicó un recurso extraordinario de anulación contra ese laudo arbitral, pero tras una revisión del Consejo de Estado, la condena quedó en firme con la sentencia de la multimillonaria sanción.
El caso inició en 2011 cuando Hidroituango y EPM firmaron un contrato para diseñar, construir, operar y transferir el proyecto hidroélectrico, pero desde la central hidroeléctrica llevaron el caso hasta un tribunal de arbitramento al alegar que Empresas Públicas de Medellín incumplió varias partes del contrato.
Entre esas, la operación relacionada con el cierre de compuertas, el manejo del embalse, la entrada de operación comercial y fallas en sistemas de desviación y la galería auxiliar.
Hace unos años, la instancia de arbitramento le dio la razón en algunos puntos a Hidroituango y confirmó que EPM incurrió en incumplimientos contractuales que incurrieron en la condena por más de 780.000 millones de pesos.
EPM alegó que esa sentencia debía tener un concepto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los árbitros habrían ignorado pruebas dentro del proceso y, al parecer, hubo inconsistencias internas en el laudo.
Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó esos argumentos al concluir que el litigio no tenía la obligación de pedir interpretación andina, el laudo se basó en derecho y las supuestas contradicciones fueron interpretaciones parciales.
Por eso, el alto tribunal declaró “infundado” el recurso extraordinario de anulación que radicó EPM contra el laudo del 7 de diciembre de 2023, y dejó en firme la multimillonaria condena que Empresas Públicas de Medellín (EPM) deberá pagar a la hidroeléctrica Ituango.
La decisión se dio con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata, actual presidente del Consejo de Estado e integrante de la Sección Tercera, donde finalmente se resolvió esta disputa judicial detrás de uno de los proyectos más importantes del país.