Luego de la decisión de la junta directiva de ISA, que decidió suspender el contrato de Jorge Carrillo como presidente de ISA, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Consejo de Estado, el abogado demandante de la elección en ese cargo hizo una petición a la Procuraduría General de la Nación.
Julio César Yepes, quien ha llevado el caso hasta las últimas consecuencias, envió un extenso documento a la entidad del Ministerio Público, con una petición expresa: intervención urgente.
A juicio del jurista, los órganos de dirección de ISA deben dar cumplimiento inmediato a la sentencia de única instancia, proferida el 26 de febrero de 2026, por la sección Quinta del Consejo de Estado, referida a la nulidad del nombramiento de Carrillo.
Yepes acude a la misión que le da Constitución Política de Colombia a la Procuraduría, según la cual, esa entidad tiene la competencia de vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales, como en este caso.
Y, según el jurista, la sentencia decía que la junta debía dar por terminado el contrato a Jorge Carrillo, mientras el camino tomado fue suspenderlo.
El abogado demandante enfatizó en que, tras el proceso que terminó en sentencia, encontraron que, efectivamente, en el nombramiento de Carrillo como presidente de ISA no se habían respetado los estatutos sociales porque “se modificó sin razón alguna la matriz de selección, no se habían atendido las recomendaciones del experto cazatalentos Korn Ferry y se había afectado el principio constitucional de la moralidad administrativa”.
Hay que recordar que, una vez conocida la sentencia, la junta de ISA emitió un comunicado anunciando que estudiaría el camino a seguir. Sin embargo, posteriormente publicaron un segundo pronunciamiento en el que ya confirmaban que suspendían el contrato a Carrillo.
Para Yepes, no solo deben suspender, sino terminar. A juicio del demandante, “no se entiende cómo puede suspenderse un contrato de trabajo cuyo fundamento se declaró nulo por la Sección Quinta del Consejo de Estado, máxime porque la sentencia de única instancia hizo desaparecer del ordenamiento jurídico el acto de elección del presidente de ISA”, afirmó el abogado en el documento enviado a la Procuraduría.
El demandante agregó que si no existe este acto de elección, entonces “el contrato de trabajo celebrado con fundamento en él tampoco existe, y menos aún puede suspenderse”.
En el documento enviado por Yepes a la Procuraduría advierte que, de no cumplirse de forma inmediata y oportuna las órdenes judiciales impartidas a una empresa con gran participación estatal como ISA, se estaría socavando gravemente los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho, y en especial la confianza ciudadana en las instituciones estatales.
