La molestia con los cortes de luz mientras la factura de energía llega con cifras estrambóticas es el común denominador de los usuarios de la empresa Air-e, según las denuncias que con frecuencia realizan, ya sea en redes sociales o en alguna entidad que los escuche.
Los diagnósticos están más que elaborados, pero las soluciones no llegan. Por ello, en el recinto del Congreso de la República, en el que se desarrolló una mesa de trabajo, con la participación del nuevo interventor de la empresa Air-e, Ramiro Castilla Andrade, se notó cierto desespero por parte de los parlamentarios.
El sexto interventor
Es el sexto agente interventor que tiene Air-e en dos años, desde que explotó la aguda crisis que tenía la empresa, una de las dos que llegó al Caribe, y sobre la cual, los ciudadanos tuvieron la esperanza de una solución.
La distribuidora de energía, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde 2024 no deja atrás los problemas que, no son menores, pues recaen sobre 5 millones de usuarios en la región Caribe, específicamente en los departamentos del Atlántico, Magdalena y la Guajira.
Un delito
Se habla de circunstancias, como el robo de energía, falta de recursos para invertir en mantenimiento, abultada cartera por cobrar y una deuda enorme por pagar, mientras el recaudo es bajo en relación con el costo de operación.
Mientras se habla de todo eso, las cifras crecen mensualmente, porque no se puede dejar de prestar el servicio, aunque no estén los pagos por parte de los hogares, o por el mismo Estado, que se atrasa en girar la plata de subsidios que se aplican a los estratos 1, 2 y 3, a los que las empresas le llevan la energía.
El congresista Gonzalo Dimas Baute puso sobre el tapete que Air-e continúa con un deterior en la prestación del servicio y ahora viene un súper Niño, que se comportará con su mayor pico en 4 meses. Pero entre lo más relevante de los mensajes que salieron a relucir en el recinto está el de los 10 años que lleva la empresa sin una intervención en sus redes de distribución, lo que causa un efecto negativo para el usuario: interrupciones en el servicio.
Extinción de dominio por robo de energía
Durante la jornada, el director jurídico de Air-e, Fermín De la Hoz, puso sobre el tapete las sanciones que existen sobre el robo de energía, que legalmente se le reconoce como un delito, el cual puede tener hasta 72 meses de cárcel. No obstante, existen 800 procesos penales con dificultades en su avance, pese a que existen casos de empresas criminales que tienen hasta gerente y toda una planta de personal para cometer estos delitos, ofreciendo servicios ilegales en Colombia.
De ahí que De la Hoz habló de avances para introducir una norma relacionada con extinción de dominio del inmueble infractor, cuando se presente el delito de robo de energía.
