La Superintendencia de Industria y Comercio, tras una serie de indagaciones y sanciones a múltiples empresas, se pronunció este jueves tras iniciar la investigación administrativa contra la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, más conocida como Movistar, tras la formulación de cargos contenida en la Resolución No. 21211 del 26 de marzo de 2026.
La investigación inició como un resultado de varias denuncias presentadas por usuarios, los cuales manifestaron su inconformidad frente a varios cobros efectuados por equipos repetidores o ‘baseport’, que fueron realizados sin el consentimiento previo y expreso de los usuarios. Dicha conducta podría vulnerar los derechos de los consumidores.
“En virtud de lo anterior, se inició la etapa de averiguación preliminar y, como resultado del análisis de la información aportada por los denunciantes y la recaudada por esta Entidad, se formuló pliego de cargos para establecer si MOVISTAR vulneró el derecho que tienen los usuarios a elegir en todo momento los equipos utilizados para acceder al servicio, sin que pueda presumirse de su voluntad, teniendo en cuenta que al parecer se les habría estado facturando equipos repetidores de WiFi sin contar con el consentimiento expreso de estos, desde agosto de 2020 hasta mayo de 2024“, indicó la SIC.
Detallan además que, con la conducta, el operador habría infringido el derecho de los usuarios de conocer las tarifas aplicables a los servicios contratados, si se tiene en cuenta que habría generado cobros sorpresa, al facturar cargos que no habían sido informados ni aceptados con anterioridad por los quejosos.
Se formuló además como cargo el presunto desconocimiento del derecho de los usuarios a recibir información suficiente, oportuna y comprobable al no mantener el contrato único de prestación de servicios fijos actualizado, y garantizar el acceso de su contenido a los usuarios.
De comprobar las actuaciones, la SIC podría imponerle a la empresa multas por hasta 15.000 SMLM, por cada infracción cometida.
