Un nuevo paso dieron las autoridades competentes alrededor de la situación de Almacenes Flamingo S.A., de la cual millones de colombianos han sido usuarios en distintas ciudades del país.
La Superintendencia de Sociedades confirmó que inicia el llamado trámite de validación judicial, teniendo en cuenta que ya había un acuerdo extrajudicial celebrado con la Cámara de Comercio de Medellín para una reorganización empresarial de Flamingo.
El 90,78 % de los acreedores de la cadena de almacenes aceptó el acuerdo y de esa manera arranca el trámite en el cual la empresa tratará de equilibrar la existencia de activos por 361 mil millones y pasivos por 339 mil millones de pesos.
Según confirma la Superintendencia, el acuerdo establece lineamientos generales para la atención ordenada del pasivo mencionado.
De esa manera, como lo indica la ley, tendrá que iniciar el trámite priorizando el pago a trabajadores, al igual que las deudas tributarias y parafiscales.
Para que se de el debido cumplimiento del acuerdo, fueron incorporados esquemas que se manejarán con los acreedores, de manera que se respete la prelación legal de las garantías, pero que también se puedan adelantar otros mecanismos, inclusive, la venta de inmuebles hipotecados cuando sea necesario.
Un tiempo para pagos
Además, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo, para los proveedores de cuarta clase, es decir, los que siguen después de los priorizados, “se prevé un pago inicial proporcional apoyado en recursos judiciales liberados y un programa de amortización gradual a partir de 2028, mientras que para los acreedores quirografarios, se incorpora un esquema de pagos diferidos que se activará en los años posteriores, ambos con reconocimiento de una tasa de interés reducida”.
A poner la casa en orden
El objetivo del proceso acordado es asegurar la sostenibilidad operativa de la compañía, garantizar la continuidad de sus actividades y permitir un pago equilibrado y progresivo a los diferentes grupos de acreedores, según lo permite la ley de insolvencia empresarial en el país, al igual que otras normas.
El superintendente Billy Escobar señala que los acuerdos son justamente para eso: darles oportunidad a las empresas de volverse a levantar.
En todo caso, también les dan la indicación de poner la casa en orden. Por ello, el acuerdo suscrito incluye además reglas de gobierno corporativo, restricciones a la distribución de dividendos, deberes de información, conformación del Comité de Acreedores y compromisos de transparencia durante su ejecución, entre otras, para garantizar que la empresa pueda reorganizarse.
“La admisión del trámite de validación judicial constituye un paso decisivo para asegurar la viabilidad financiera de la compañía y la adecuada protección del crédito en un proceso que involucra a más de quinientos acreedores de distinta naturaleza”, señaló Escobar.