Luego de analizar el arancel del 35 % que el gobierno colombiano impuso a China, Camacol, el gremio de constructores del país, anunció que tiene en revisión las posibles acciones jurídicas que pueda utilizar para proteger la hasta ahora golpeada actividad de la construcción de vivienda.
No solo serían las constructoras, sino las familias colombianas interesadas en adquirir vivienda, las afectadas, puesto que la medida arancelaria presiona al alza los precios de la vivienda y, según Guillermo Herrera, directivo gremial, “contradice los objetivos de política pública, limitando el acceso a vivienda digna para miles de familias”.
Hay que señalar que hay una ola mundial de aranceles contra el acero chino, porque lo consideran artificialmente bajo en el precio en comparación con el costo de producirlo.
En el comercio internacional existe una figura conocida como dumping, a través de la cual se exportan productos a menor precio de producción lo que termina perjudicando los locales. China viene siendo señalada por esa práctica que es considerada ilegal.
Los aranceles de Colombia al país asiático no solo son al acero sino a otros tres productos. Camacol se refirió en particular al insumo que es clave para el sector de construcción, al igual que al hierro. Al respecto, el gremio manifestó que “los recientes aranceles a insumos como hierro, acero y productos cerámicos generarán una presión directa al alza en los precios de la vivienda, afectando el acceso de los hogares y profundizando la desaceleración del sector edificador”.
Se encarecerá la vivienda
Entre los dos materiales estaría el 16,3 % de los costos directos de construcción. Por lo tanto, los dedicados a esa actividad, que en definitiva es para beneficio de las familias colombianas, “enfrentarán incrementos hasta del 35 % que elevarían estos costos en alrededor de 3,9 % y presionarían al alza el precio final de la vivienda en aproximadamente 2,2 %, a lo que se suma el efecto adicional de los aranceles sobre productos cerámicos, según las cuentas de Camacol.
Para el vocero de los constructores, resulta un contrasentido que se busque bajar el precio de la vivienda y al mismo tiempo aplicar medidas que lo presionan al alza. “Esta decisión se da en un contexto de contracción prolongada del sector edificador. Ya completamos 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda y hemos llegado a niveles de actividad comparables a los de 2012, lo que afecta la inversión y el empleo”, afirmó Herrera.
Quiero analizar este artículo para aclarar la propuesta que le hecho al país controvirtiendo el artículo de Perfetti que reproduzco abajo.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2026
Mi modelo no se basa en aumentar la demanda, sino en aumentar la oferta sobrepasando la demanda interna, para lo cual la tasa de crecimiento…
El efecto de la contracción del sector recae sobre el empleo, y, según Herrera, ya se han perdido más de 136 mil empleos, lo que agrava aún más la situación que se prevé, vendrá por el lado de la medida. Esta rama de la economía también ha sido golpeada por el alza en el salario mínimo, y, en el caso de los aranceles, “contrario a lo planteado por el Gobierno, estas decisiones sí tienen efectos sobre el mercado de vivienda”.
Herrera criticó que, a su juicio, “exista una falta de coherencia en la política económica en el país. Las medidas arancelarias no pueden analizarse de manera aislada, sino en su relación con la política monetaria, la política de vivienda y los objetivos de control de inflación”, afirmó.
Ante ese panorama, afirmaron que el gremio evalúa acciones jurídicas, pues, consideran que el país requiere más oferta, más inversión y más empleo, “no decisiones que encarezcan su desarrollo”, concluyen.