La Superintendencia de Industria y Comercio anunció la formulación de pliego de cargos contra el supermercado D1 por la presunta vulneración de los derechos de los consumidores en el marco de la comercialización de productos y la prestación de servicios asociados a su canal de comercio electrónico.
La decisión se adoptó tras el análisis de cerca de 13.000 quejas presentadas por consumidores durante el segundo semestre de 2024.
Este anuncio, hecho público por la SIC el 9 de abril de 2026, marca un golpe significativo para la cadena de supermercados, que ha crecido rápidamente en Colombia apostándoles a los productos de bajo costo.
#Atención 🚨#LaSICDelCambio formuló cargos contra D1 por presuntas fallas en pagos, entregas y publicidad en su canal de comercio electrónico. La investigación busca establecer posibles afectaciones a los derechos de los consumidores en entornos digitales. pic.twitter.com/GRR1SC6SwX
— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) April 9, 2026
La SIC identificó cinco motivos principales por los que D1 enfrenta esta investigación, todos centrados en irregularidades detectadas en su plataforma de e-commerce.
El primero se relaciona con la falta de información clara y veraz sobre los productos ofrecidos. Según el pliego, la empresa no proporcionaba detalles precisos sobre características, composición o fecha de vencimiento de los artículos, lo que inducía a los compradores a errores en sus decisiones de compra. Consumidores reportaron recibir productos distintos a los descritos, generando frustración y devoluciones complicadas.
El segundo cargo apunta a demoras injustificadas en las entregas. Muchas quejas destacan plazos de envío que superaban con creces lo prometido en la web, llegando incluso a semanas de espera sin notificación previa.
Esto viola el derecho a una prestación oportuna de servicios, un pilar del Estatuto del Consumidor. La SIC evidenció patrones sistemáticos en estas fallas logísticas, afectando especialmente a clientes en zonas urbanas periféricas de ciudades como Bogotá y Medellín.
En tercer lugar está la problemática de los reembolsos y cambios no gestionados adecuadamente. Los usuarios denunciaron dificultades para obtener devoluciones de dinero por productos defectuosos o no entregados, con procesos burocráticos que ignoraban los términos de 30 días máximos establecidos por ley.
La autoridad encontró que D1 aplicaba políticas internas restrictivas, como requisitos excesivos de documentación, que obstaculizaban el acceso a estos derechos.
El cuarto motivo involucra publicidad engañosa. La plataforma promocionaba ofertas “imperdibles” y descuentos que no se materializaban al momento de la compra, o bien, los precios finales incluían cargos ocultos por envío o manejo.
Esto contraviene la norma sobre oferta y demanda, donde el consumidor debe recibir exactamente lo anunciado.
Finalmente, el quinto cargo se refiere a la ausencia de mecanismos efectivos para atender quejas y reclamos. A pesar del alto volumen de reportes, 13.000 en solo seis meses, D1 no contaba con canales ágiles de solución, dejando a los afectados en un limbo de respuestas automáticas o silencios prolongados.
La SIC subraya que estas prácticas configuran una vulneración colectiva de derechos, amparada en el artículo 55 del Código de Comercio y la Ley 1480 de 2011.
Esta investigación no es un hecho aislado para el sector del comercio electrónico en Colombia, que ha tenido un aumento sognificativo tras la pandemia.
En 2024, el e-commerce representó cerca del 5% del PIB nacional, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero con un aumento exponencial de quejas ante la SIC: más de 200.000 en total ese año.
D1, conocida por su modelo de productos de bajo costo desembarcó en Colombia en 2021, expandiéndose con rapidez desde su origen en Chile.
La cadena pertenece al grupo Inversiones Las Américas, liderado por el empresario chileno Gonzalo Winter, quien fundó el concepto en 2012 como una alternativa low-cost a los supermercados tradicionales.
En el país, D1 cuenta con aproximadamente 250 tiendas físicas distribuidas en 15 departamentos, desde Bogotá hasta la Costa Atlántica.
Tras el auncio de la formulación del pliego de cargo, D1 tiene 15 días hábiles para responder y alegar descargos, según procedimiento de la SIC.