La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa contra 11 prestadores de servicios turísticos en Cali por presuntas irregularidades cometidas antes y durante la realización de la COP16, uno de los eventos internacionales más importantes del año para el país.
La actuación se produjo tras visitas de inspección adelantadas a 30 establecimientos hoteleros, en un contexto de alta demanda de alojamiento y servicios turísticos.
Según informó la entidad, luego de analizar la información y documentación recolectada, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor formuló pliego de cargos contra varias sociedades del sector hotelero, al considerar que habrían incumplido normas del Régimen General de Protección al Consumidor y del Régimen de Protección al Turista.
Estas presuntas fallas, de comprobarse, habrían afectado derechos básicos de los usuarios, como el acceso a información clara, precios transparentes y condiciones contractuales justas.
Entre las posibles infracciones identificadas por la SIC se encuentran cláusulas incluidas en términos y condiciones digitales que podrían considerarse abusivas, al presumir la aceptación automática del consumidor frente a cobros adicionales.
También se detectó el lanzamiento de promociones sin información suficiente para que los clientes tomaran decisiones informadas, especialmente en aspectos clave como la acumulación de descuentos, la cantidad de beneficios permitidos por persona o la aplicabilidad según el medio de pago.
Otro de los puntos señalados fue la falta de claridad en la publicación de precios de servicios adicionales en plataformas digitales, particularmente cuando estos se ofrecían en moneda extranjera. Esta práctica, según la normativa vigente, puede inducir a error al consumidor y limitar su capacidad de comparar costos reales antes de contratar un servicio.
En cuanto al Régimen de Protección al Turista, la entidad advirtió posibles incumplimientos relacionados con la ausencia del certificado vigente del Registro Nacional de Turismo en las páginas web de algunos establecimientos, así como la imposición de penalidades por no presentación del huésped (no show) distintas a las permitidas por la ley.
A esto se suma la falta de información visible sobre códigos de conducta orientados a la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, una obligación clave del sector.
La SIC también identificó posibles omisiones como la ausencia de pólizas de seguro de responsabilidad civil para cubrir daños a los huéspedes y la no inclusión del número de inscripción en el Registro Nacional de Turismo en piezas publicitarias, lo que podría configurar publicidad engañosa.
En algunos casos, incluso, se evidenció el incumplimiento de órdenes impartidas durante las visitas de inspección.
La entidad recalcó que estas actuaciones se desarrollan en un periodo de alta demanda turística, en el que se incrementa la responsabilidad de los prestadores frente a los consumidores.
