Dos vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SI)— tendrán que pagar una millonaria multa por no acatar lo que la entidad de control y vigilancia había dispuesto sobre ellas.
Se trata de la propietaria de la estación de servicio Serviteca San Pedro Gas Natural Vehicular, y Gas Natural del Oriente, empresa que pertenece al Grupo Vanti.
Entre los dos sancionados la suma de la multa asciende a 1.600 millones de pesos, teniendo en cuenta que la persona natural deberá pagar 84,2 millones de pesos, y la persona jurídica deberá cubrir una sanción por más de 1.545 millones de pesos.
¿Qué hicieron? La sanción fue impuesta “por no acatar las órdenes impartidas por la SIC para hacer cesar una condición de operación contraria a las exigencias técnicas aplicables al suministro de gas natural comprimido para uso vehicular —GNCV— en el marco de una situación de riesgo", dice la información suministrada por la entidad de vigilancia.
Según la sustentación de la SIC, en la estación de servicio suministraban gas a vehículos que no contaban con el dispositivo electrónico de identificación obligatorio —conocido como chip de seguridad—, el cual es una exigencia, según el reglamento técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía, para el control de abastecimiento de vehículos que operan con este combustible.
A la empresa de distribución de gas, entre tanto, le cobran el hecho de no haber interrumpido el abastecimiento, permitiendo la persistencia de la situación de riesgo.
Desde la perspectiva de la Superintendencia, el caso no es menor, puesto que el mencionado dispositivo es parte del sistema de control que permite asegurar que el vehículo que recibe gas se encuentre identificado y asociado a condiciones técnicas verificables, lo cual resulta esencial tratándose de un combustible comprimido.
Para la entidad de vigilancia, la ausencia del dispositivo “impide validar adecuadamente la trazabilidad del vehículo y de su sistema de conversión, y aumenta el riesgo de fallas, fugas, incidentes asociados al sistema de almacenamiento o suministro de gas, y afectaciones a usuarios, operarios, transeúntes, bienes públicos y el entorno”.