La Superintendencia de Sociedades informó este 8 de enero, a través de un comunicado de prensa, la finalización del proceso de intervención judicial por captación no autorizada adelantado contra el señor Felipe Rocha Medina, la sociedad Agropecuaria Achury Viejo y CIA S. en C., y la señora María Francisca Medina.
El organismo había determinado, a través de la Resolución 900-010151, que Rocha y la sociedad descrita se encontraban desarrollando operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.
Tras esta situación, se ordenó la intervención judicial bajo la medida de toma de posesión de los mencionados sujetos, decretó medidas cautelares sobre la totalidad de sus bienes. Además, se designó como agente interventora a la doctora Mónica Alexandra Macías. También se indicó que la diligencia de toma de posesión y entrega de información financiera y contable se llevó a cabo el 24 de agosto de 2023.
La entidad indicó además que el 26 de septiembre de 2023 se practicó el secuestro de los bienes inmuebles de los intervenidos, en particular de una finca ubicada en el municipio de Sesquilé, departamento de Cundinamarca. La madre de Felipe Rocha, María Francisca Medina de Rocha, fue vinculada al proceso posteriormente, tras practicar funciones de administradora de la sociedad descrita anteriormente.
Posterior a ello, el 17 de abril de 2024 se aprobó un inventario valorado en bienes que ascendió a una suma de 29.230 millones. Luego se reconocieron 63 afectados por 15.408 millones de pesos y 6 afectados extemporáneos por 1.044 millones de pesos.
“En desarrollo de dicho trámite, a través de un mecanismo fiduciario se destinó uno de los bienes de los intervenidos, correspondiente a una parte de la finca Achury Viejo ubicada en Sesquilé, al pago de los gastos de administración, por valor de $268.760.824, y a la devolución de la totalidad de los recursos reconocidos a favor de los afectados oportunos y extemporáneos”, indicó la SuperSociedades.
La entidad confirmó que los 69 afectados reconocidos recibieron el 100 % de sus reclamaciones, por un monto total de $16.453.099.730.
“La devolución total de los recursos a los afectados evidencia la eficacia de las medidas adoptadas y la determinación con la que actuamos frente a prácticas de captación ilegal. Al mismo tiempo, desde la Superintendencia de Sociedades impulsamos una estrategia pedagógica contra el fraude, porque la mejor defensa es la prevención: por eso invitamos a la ciudadanía a informarse, verificar y consultar fuentes oficiales antes de invertir. Nuestro compromiso es fortalecer la cultura financiera y evitar que los colombianos caigan en trampas disfrazadas de oportunidades”, precisó Billy Escobar, superintendente de Sociedades.
Finalmente el organismo indicó que una vez cumplido el fin devolutivo del proceso de intervención y presentado el informe por parte de la agente interventora, se declaró terminado el proceso ante el pago total de las reclamaciones oportunas y extemporáneas, con lo que se ordena la devolución de los bienes remanentes a los intervenidos.