Con la regla fiscal, el Gobierno colombiano está jugando al borde del fuera de lugar: Moody’s

Las recientes noticias en el frente fiscal, con un presupuesto desfinanciado, recorte de gastos de 20 billones de pesos, temores por cambios a la regla fiscal y reformas que tendrían costos elevados para las finanzas públicas, tienen a muchos analistas preocupados, pues temen que esto lleve a una mayor descalificación del país o a que agencias como Moody’s que todavía tiene a Colombia en grado de inversión, decida también degradarla a nivel especulativo.

La calificación de riesgo de un país es una evaluación que realizan agencias especializadas como Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch para determinar la capacidad y la voluntad de un gobierno de cumplir con sus obligaciones financieras. Esta calificación es fundamental para inversionistas y acreedores, ya que les proporciona una idea del riesgo asociado con prestar dinero a ese país o invertir en sus activos.

La calificación puede ser de grado de inversión o de grado especulativo, Colombia hasta antes de la pandemia tenía grado de inversión, pero con el descuadre fiscal que implicó la crisis sanitaria perdió ese estatus a ojos de Standard & Poor’s y Fitch. Solo Moody’s la mantiene en ese nivel, pese a que cada vez hay más incertidumbre en el frente fiscal.

Al respecto Renzo Merino, analista responsable de Colombia y quien estuvo en una conferencia en Bogotá, aseguró que su persistencia en la calificación del país incluso se ha prestado incluso para hacer memes (en medio de risas recordó uno que dice “quédate con alguien que te vea como Moody’s ve a Colombia), pero que en realidad Colombia tiene un nivel de riesgo similar al de otros países con la misma calificación, que entre los emergentes son México, Hungría, Filipinas e Indonesia, todos con un nivel de deuda promedio del 60 % del PIB (el de Colombia es 55%).

“Colombia no muestra resultados atípicos dentro de su grupo, aunque sí registra un incremento de la carga de intereses que debe pagar con respecto a sus ingresos. Mientras el promedio de los que tienen calificación de Baa es de menos de 10%, Colombia llega al 15%”, precisó Merino y explicó que esto se debe a que, si bien las tasas de interés han subido para todos, en el caso del país lo que ha sucedido es que los ingresos no han subido al mismo ritmo. De hecho, hoy Colombia gasta en pago de intereses casi un punto más del PIB de lo que gastaba hace cinco años.

Insistió en que pese a que Colombia tiene una inflación aún alta, una política monetaria restrictiva, problemas de confianza, de planeación fiscal y menor crecimiento, frente a otros países no luce mal, pues su análisis es comparativo global, no solo contra países latinoamericanos.

Ojo a la regla fiscal

Merino también se refirió a los cambios que se han planteado a la regla fiscal, que para algunos es una flexibilización, pero que en el Gobierno insisten en que es una actualización. En su concepto, al hacer modificaciones a la regla el Gobierno “estaría jugando al borde del fuera de lugar”, de la misma manera que los jugadores de fútbol que usan esa estrategia para maximizar sus oportunidades de recibir pases y crear oportunidades de gol, siempre al borde de la legalidad reglamentaria.

No obstante, considera que las autoridades económicas han mostrado su voluntad de cumplir con la regla fiscal, pero dice que el país ha tenido dificultades para responder por todos sus gastos, pese a que ha realizado varias reformas tributarias. Según su opinión, el mayor recaudo que se ha conseguido se ha tenido que gastar en el pago de intereses y en atender el déficit generado por los subsidios a los combustibles.

También advirtió que existen problemas en la eficiencia del gasto, pues una parte del presupuesto no se ejecuta, sino que se guarda en fiducias. Esta falla la aceptó el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, quien al participar en el mismo evento en el que estaba Merino.

El alto funcionario explicó que el dinero guardado en las fiducias ha venido creciendo, pues estas se usan como un instrumento para saltarse la anualidad, dado que el presupuesto general de la Nación responde a una vigencia y lo que las entidades no ejecuten, que se conoce como pérdida de apropiación, vuelve al Tesoro. “Por eso muchas entidades para tratar de saltarse esa anualidad envían sus recursos a este tipo fondos. Si bien hay proyectos de largo aliento que requieren manejo fiduciario externo, otros ministerios desafortunadamente han abusado de esas fiduciarias y tienen la plata en los bancos. No nos podemos dar el lapo de seguir creciendo el gasto, cuando tenemos muchos recursos parqueados en fiducias. Se está revisando cómo empujar para que se muevan esos recursos que están en las fiducias”.

Cálculos preliminares indican que esas fiduciarias habrían guardados unos 14 billones de pesos, que se podrían usar en vez de tener que hacer un recorte tan duro de 20 billones.